HRW no ve "esfuerzo serio" de Ejército chileno por verdad de crímenes de la dictadura

Vivanco se refirió al caso de dos jóvenes que fueron quemados vivos por militares en 1986, el cual fue reabierto después de la confesión de un exrecluta que formó parte de la patrulla que perpetró el crimen.

Al respecto, el director de HRW afirmó que el hecho de que se hayan revelado nuevos antecedentes en ese caso resulta "contradictorio", sobre todo "si se quiere hacer creer que el Ejército ha hecho un esfuerzo interno de depuración para esclarecer estos hechos y, sin embargo, no se había enterado de que un recluta contaba con información tan esencial".

"Eso al menos genera una sospecha fundada de que aquí no ha habido un esfuerzo serio, riguroso, honesto por decir la verdad", sostuvo.

El abogado chileno también dijo que no le sorprende "por la naturaleza cruel de la dictadura" que haya sido Augusto Pinochet (1973-1990) quien encubrió detalles de este caso, tal como apuntan archivos de inteligencia de Estados Unidos.

Según documentos desclasificados del Gobierno estadounidenses publicados el viernes, Pinochet fue el principal encubridor y rechazó investigar el "Caso Quemados", como se conoce el ataque que en 1986 se cobró la vida del fotógrafo Rodrigo Rojas, entonces de 19 años, y dejó malherida a Carmen Gloria Quintana, de 18.

Los documentos, hasta ahora secretos y procedentes de la Casa Blanca, la CIA y el Departamento de Estado de EE.UU., revelan que ese encubrimiento duró casi tres décadas e incluyó el secuestro e intimidación de testigos, así como el ejercicio de presión sobre jueces y abogados chilenos.

Rojas y Quintana fueron detenidos por una patrulla militar el 2 de julio de 1986 en un barrio de Santiago, rociados con gasolina y quemados.

Después los soldados los llevaron a las afueras de la ciudad y los arrojaron a una zanja junto a un camino rural de la que lograron salir unas horas después y pedir ayuda, aunque Rojas falleció días después.

"Yo estaba recién llegado (a EE.UU.) y el impacto que provocó el caso marcó un giro a la relación entre la dictadura de Pinochet y el Gobierno de Reagan en esos años", recordó.

"Era el propio Pinochet el que tenía el poder para impedir que se supiera la verdad, y proteger y encubrir a través de la Fiscalía Militar a los autores reales de esta atrocidad", concluyó.

En la época, circuló la versión oficial de que los jóvenes se habían quemado al inflamarse unas bombas molotov que portaban y en el juicio consiguiente solo el jefe de la patrulla, Pedro Fernández Dittus, fue condenado a 600 días de prisión por homicidio involuntario.

Sin embargo, el exrecluta Fernando Guzmán, cuyo testimonio posibilitó la reapertura del caso, por el que 12 militares retirados han sido detenidos y procesados, confesó su participación en los hechos y sostuvo que el verdadero autor no fue Fernández Dittus, sino Julio Castañer, un oficial perteneciente al Servicio de Inteligencia que está entre los nuevos procesados.

Los avances en el 'Caso Quemados' han sido bien recibidos por las asociaciones de víctimas de la dictadura de Pinochet, aunque persisten las dudas sobre si las revelaciones del exrecluta constituyen un caso aislado o si sentarán un precedente para resolver otros episodios del régimen militar.