Justicia brasileña condena a exministro de Lula y se apresta a acusar a Temer

La justicia brasileña condenó este lunes a 12 años de cárcel a un poderoso exministro de Lula da Silva por tentaculares escándalos de corrupción, que tienen en la mira tanto al exmandatario izquierdista como al presidente conservador Michel Temer.

Antonio Palocci, de 56 años, hombre fuerte de los gobiernos de Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), fue condenado por corrupción pasiva y lavado "de más de 10 millones de dólares" en el caso Petrobras para financiar campañas políticas. 

Detenido desde septiembre pasado, fue hallado culpable de haber negociado "sobornos entre el grupo Odebrecht y agentes del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda)", de acuerdo con la sentencia emitida en Curitiba (sur) por el juez de primera instancia Sergio Moro, visto por millones de brasileños como un ícono de la lucha contra la corrupción.

Palocci recibía el dinero a través del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, creado exclusivamente para distribuir sobornos que, según confesó uno de sus exadministradores, movió 3.370 millones de dólares en América Latina entre 2006 y 2014.

Ministro de Hacienda de Lula entre 2003 y 2006 y jefe de la Casa Civil (una suerte de jefatura de Gabinete) de Rousseff en 2011, era identificado en las listas de Odebrecht con el apodo de "Italiano". 

Según la denuncia presentada por la Fiscalía General, usó sus cargos para beneficiar al gigante de la construcción Odebrecht en "contratos y licitaciones de Petrobras". 

Moro debe dictar próximamente sentencia contra Lula, acusado de haber recibido un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

Lula, de 71 años, enfrenta en total cinco causas judiciales por corrupcción pasiva, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.

El exmandatario niega todos los cargos y denuncia una "persecución" para bloquear su eventual candidatura en la presidencial de octubre de 2018.

Según un sondeo Datafolha publicado este lunes, Lula se impondría con holgura en todas las hipótesis de primera vuelta, aunque en la segunda estaría en un empate técnico en caso de confrontación con la líder ecologista Marina Silva o... con el juez Moro, quien sin embargo siempre negó su intención de lanzarse a la política.

El exlíder sindidical sigue polarizando a la sociedad brasileña, pues es también el dirigente que concita el índice más elevado de rechazo (46%).

Temer, con una popularidad de apenas 7%, podría convertirse esta semana en el primer mandatario brasileño acusado formalmente de corrupción.

El fiscal general, Rodrigo Janot, debe presentar el martes a más tardar una o más denuncias contra el presidente dentro de su investigación por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal.

Aunque todavía se desconoce la gravedad de su contenido, Temer deberá lidiar con su impacto judicial y con la amenaza de una erosión mayor de su base oficialista.

Desde que a mediados de mayo salió a la luz una grabación donde parece dar aval al pago de un soborno, el presidente conservador ha ido sorteando obstáculos: superó un juicio en el tribunal electoral que podía haber anulado su mandato y ha logrado contener la deserción de su principal socio de gobierno, el PSDB.

Pero la Policía Federal concluyó el viernes la pericia de la famosa grabación y trascendió que el audio no estaba editado ni manipulado, como había denunciado el mandatario.

La Constitución establece que, cuando un presidente es denunciado, dos tercios de los diputados deben validar esa denuncia para que el Supremo Tribunal Federal (STF) lo pueda procesar. 

Si eso ocurre, el jefe de Estado quedaría formalmente imputado y debería apartarse del cargo durante un máximo de 180 días, mientras la corte suprema trata el caso.

Sería la segunda crisis de poder en poco más de un año en Brasil ya que Temer, que era vicepresidente de la izquierdista Dilma Rousseff, asumió el cargo en mayo de 2016 tras el impeachment a la presidenta por manipulación de las cuentas públicas.