Obama se dispone a decretar reformas al sistema migratorio

El presidente Barack Obama, se prepara para presentar este jueves los decretos para reformar el sistema migratorio estadounidense, un paso esperado por millones de inmigrantes indocumentados, pero un "abuso de poder" según sus adversarios republicanos.

"Todo el mundo concuerda en que nuestro sistema migratorio ha fallado, desafortunadamente Washington permitió que el problema se prolongara durante demasiado tiempo", dijo Obama en un video colgado en el sitio Facebook de la Casa Blanca.

El anuncio de Obama está previsto para el jueves a las 20:00, hora local.

Según varios medios en Estados Unidos, los padres de niños que posean la ciudadanía estadounidense o un permiso de permanencia legal (green card) podrían ser receptores, de manera temporal, de documentos que les permitirían trabajar y quedar protegidos de ser deportados.

En total, unos cinco millones de los 11,2 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos podrían beneficiarse de las medidas presidenciales, sobre cuyos detalles la Casa Blanca hasta el momento mantiene su hermetismo.

En junio de 2012, Barack Obama puso en marcha un programa bautizado DACA, que ofrecía permisos temporales de permanencia para menores de 31 años, llegados antes de los 16 años a Estados Unidos, luego llamados "dreamers" (soñadores). Cerca de 600.000 inmigrantes ilegales recibieron un permiso de trabajo renovable por dos años por esta vía al 30 de junio de 2014.

Las medidas también abarcarán reformas a la seguridad fronteriza, dijo este miércoles el secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson.

"Inconstitucional e ilegal"

Al confirmar su intención de actuar por su cuenta, Obama lanzó el guante a sus adversarios del partido Republicano, que pronto amenazaron con demandarlo, paralizar sus nombramientos o alterar el presupuesto para impedir la puesta en práctica de los decretos.

Para el senador John Cornyn, el número dos del liderazgo republicano en la cámara alta, las medidas son "inconstitucionales e ilegales" y "dañarán profundamente nuestras posibilidades de una reforma migratoria" en el Congreso.

"El presidente parece dispuesto a provocar una crisis constitucional adoptando políticas que con anterioridad él dijo que eran ilegales", dijo este miércoles.

Su copartidario Lindsey Graham, que apoyó un proyecto de reforma en el Senado, dijo que los republicanos tienen "la responsabilidad política de enfrentar un abuso de poder".

Pero, bajando el tono, apuntó que también tienen el "deber de arreglar el sistema más allá de lo que haga el presidente".

El proyecto bipartidista del Senado contemplaba la regularización, condicionada, de todos los inmigrantes indocumentados y un astronómico incremento de la seguridad en la frontera. Pero los republicanos, que controlan la cámara baja, bloquearon toda votación del proyecto.

El dominio que tendrán los republicanos de las dos cámaras en el próximo Congreso que se reúne en enero por los próximos dos años, aleja más las posibilidades de negociar una reforma migratoria.

Aún así Obama, cuyo mandato culmina en 2017, señaló que seguirá "trabajando con el Congreso y alentándolo a acordar un proyecto amplio que pueda resolver el problema en su conjunto".

"Es el principio" 

La inminencia de las medidas fue recibida con cautela por un puñado de inmigrantes indocumentados convertidos en activistas, que desde hace más de dos semanas realizan una huelga de hambre frente a la Casa Blanca.

"Está bien por el presidente porque es el primer paso", dice a la AFP, Francisco Díaz. "Es el principio de una reforma migratoria", añade.

Pero para este mexicano con 16 años en Estados Unidos y habitante de Florida (sureste), el anuncio tiene un "sabor agridulce" por la sospecha de que las medidas no beneficiarán a todos los indocumentados, especialmente las madres de los "dreamers", algunas de ellas cumpliendo la huelga de hambre.

Según un sondeo de NBC y Wall Street Journal publicado este miércoles, 48% de los estadounidenses desaprueba el manejo de Obama sobre el tema migratorio, frente a 38% que tiene opiniones favorables.

AFP