Fundador de PIP, condenado a cuatro años de prisión por caso de prótesis mamarias defectuosas

Jean-Claude Mas, el fundador de la empresa PIP, cuyas prótesis mamarias eran fabricadas ignorando las normas sanitarias, fue condenado este lunes a cuatro años de prisión por el tribunal de apelación de Aix-en-Provence (sur de Francia).

El tribunal confirmó el fallo de primera instancia y declaró nuevamente a Mas, de 76 años de edad, culpable de fraude agravado y de estafa con respecto a la firma de control alemana TÜV, a la que engañó durante años sobre la composición del gel que utilizaba para las prótesis. 

El condenado salió del tribunal libre, ya que no se ordenó su encarcelamiento. Caminando lentamente, Mas se negó a pronunciarse sobre su nueva condena respecto a la firma TÜV, limitándose a decir "¡hablen más bien a las víctimas!", antes de retirarse del lugar.

Mas deberá pagar además una multa de 75.000 euros y le está definitivamente prohibido ejercer cargo alguno en el dominio de la salud, así como administrar empresas.

El recorrido judicial de Mas no termina con este fallo, ya que sigue estando inculpado en el marco de otras dos causas: una por homicidio y heridas involuntarias, y otra relativa a los aspectos financieros del caso.

Mas cumplió ya en 2012 ocho meses de detención provisional.

Además su abogado, Yves Haddad, anunció que presentará un recurso en casación, lo que suspende la ejecución de la pena pronunciada este lunes y evitará a Mas volver a la cárcel, por lo menos a corto plazo.

El tribunal confirmó asimismo la culpabilidad de cuatro exejecutivos de la firma, entre ellos el director financiero y luego director general Claude Couty, condenados a penas de hasta tres años de prisión.

Pero ni "Mas ni los otros tienen un céntimo, y nadie pagará" las multas ni las indemnizaciones, sostuvo Yves Haddad.

Algunas de las decenas de víctimas que asistieron al veredicto manifestaron su alivio tras seis años de procedimiento.

Pero para las 7.000 demandantes, la condena del lunes no significa, en efecto, que puedan cobrar rápidamente las indemnizaciones que se les deben, dado el recurso en casación.

"¡Ése nos va a joder la vida hasta el final!", exclamó Alexandra Blachère, presidenta de la asociación PPP, que agrupa a 2.589 víctimas. "Estoy decepcionada, quería verlo partir hacia la cárcel con las esposas puestas", agregó.

Durante el proceso en apelación, que debió realizarse en el Palacio de Congresos de Aix-en-Provence para que hubiera cabida para las cientos de demandantes, Mas volvió a sostener que el gel de silicona fabricado en su planta a partir de aceite industrial, no planteaba ningún riesgo y rechazó los cargos de que era imputado.

El escándalo estalló en marzo de 2010, cuando la Agencia francesa de control sanitario hizo retirar del mercado los implantes de PIP, invocando una tasa anormal de rupturas y la utilización "de un gel diferente al declarado".

En este proceso, unas 7.000 mujeres se declararon demandantes, denunciando la "bomba de tiempo" que llevan instalada en sus cuerpos. Otras denunciaron su "vida desbaratada". "Hicieron de nosotras 7.000 ratas de laboratorio", declaró ante los jueces una de las víctimas.

Las prótesis de PIP eran fabricadas en Francia con el gel no homologado para uso médico, pero el 84 % de la producción era exportada.

Decenas de miles de prótesis fraudulentas fueron vendidas en el mundo, muchas de ellas en América Latina.

En Argentina, por ejemplo, unas 300 afectadas presentaron una demanda colectiva por 54 millones de dólares en 2013, aunque luego la justicia francesa estimó que la póliza de seguros de PIP sólo cubría a las ciudadanas francesas.

Brasil, por su parte, había prohibido años atrás la importación de las prótesis de PIP, entre otras marcas europeas, por decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

En Venezuela, la Alianza de Usuarios y Consumidores (Anauco) anunció hace casi dos años que unas 4.000 venezolanas usuarias de prótesis de esta marca francesa también preveían realizar una querella colectiva. 

Las autoridades francesas dieron cuenta de 18.000 mujeres a las que se debió retirar los implantes a raíz de rupturas o irritaciones. Y fueron diagnosticados dos cánceres.