Justicia española suspende consulta independentista catalana

Sin sorpresas respecto al guion esperado, el Tribunal Constitucional español suspendió este lunes la consulta sobre la independencia de Cataluña en respuesta al recurso del gobierno español, que no disuadió a los nacionalistas de seguir adelante con los preparativos.

La jornada estuvo marcada por un nuevo cruce de duros reproches entre el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, que acusó a los nacionalistas de atentar contra la soberanía de España, y el presidente regional Artur Mas, que denunció la "velocidad supersónica" con la que se reunió el alto tribunal.

"Han roto la barrera del sonido, no se han esperado ni un solo día. Esto no había pasado en casi 36 años de Constitución", bromeó antes de conocerse la decisión judicial Mas, quien recordó que su presidente, el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, estuvo afiliado al Partido Popular de Rajoy.

En un pleno convocado de urgencia pocas horas después de presentarse el recurso de Madrid, los magistrados lo admitieron a trámite y suspendieron la consulta convocada para el 9 de noviembre antes de tomar una decisión definitiva en el plazo máximo de cinco meses.

"Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad", dijo Rajoy. "Quien esgrime estos argumentos en realidad le está privando de ese derecho al que realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español".

El jefe de gobierno dijo lamentar profundamente la convocatoria de Mas, "porque va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes y los aleja de Europa".

Pedir la opinión de los catalanes 

Pero la suspensión de la convocatoria no parece disuadir la voluntad del gobierno nacionalista catalán, apoyado por los independentistas de izquierdas de ERC, de "pedir la opinión de los catalanes", advirtió Mas.

El presidente regional no cesa de reclamar a Madrid que autorice la votación como Londres hizo con Escocia, donde el 18 de septiembre se rechazó la independencia en un referéndum.

En la histórica plaza Sant Jaume de Barcelona, donde se levantan el ayuntamiento y el gobierno regional, un panel luminoso marca la cuenta atrás para el 9 de noviembre desde el pasado sábado, cuando se convocó oficialmente la consulta.

"El proceso no acaba con una resolución del Tribunal Constitucional", señaló Mas en una entrevista el domingo en la televisión privada La Sexta.

Como muestra de este empeño, el gobierno catalán expuso el domingo el dispositivo para organizar la consulta y este lunes, mientras se reunía el Tribunal Constitucional, el propio Mas presentaba un libro elaborado por un consejo asesor sobre el futuro de una Cataluña independiente.

"El compromiso es votar el 9 de noviembre, no solo convocarnos a votar el 9 de noviembre", insistió por su parte el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, en la radio pública catalana.

Las entidades independentistas, con una gran capacidad de convocatoria demostrada en las manifestaciones de los últimos años, anunciaron protestas para el martes delante de los ayuntamientos de cada municipio.

10.800 urnas de cartón

La suspensión de la consulta también siembra la incertidumbre sobre la viabilidad de seguir adelante con los preparativos de este referéndum no vinculante, cuya campaña oficial no empezará hasta el 2 de noviembre.

Unos 5,4 millones de residentes en Cataluña mayores de 16 años están llamados a votar, así como los catalanes residentes en el extranjero que se hayan inscrito.

Organizar este referéndum costará 8,9 millones de euros, según los cálculos del gobierno regional, que deberá pagar la fabricación de 10.800 urnas de cartón dado que Madrid no cederá las utilizadas habitualmente en todos los comicios.

Algunos ayuntamientos ya han advertido que no colaborarán en la logística de la consulta, entre ellos el de Badalona, tercer municipio de la región gobernado por el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.

Con el trasfondo de la crisis económica, las aspiraciones independentistas han crecido en esta región de 7,5 millones de habitantes y responsable del 20% de la riqueza española.

El punto de inflexión para muchos nacionalistas se produjo en 2010, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional, tras un recurso del PP, recortó su estatuto de autonomía aprobado en referéndum en 2006 y privó a Cataluña del estatus de "nación".

AFP