¿Qué caminos tiene Gustavo Petro tras la destitución?

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien se le ratificó este lunes la revocatoria de su cargo por parte de la Procuraduría General de la Nación, insistió en que seguirá buscando alternativas para reversar la decisión de Alejandro Ordóñez, titular del Ministerio Público, y de esta manera permanecer en el Palacio de Liévano hasta el 31 de diciembre del 2015.

Pero ¿qué alternativas tiene el burgomaestre para lograr su objetivo, si ya la Procuraduría ratificó el fallo sancionatorio que había determinado en primera instancia? Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, Petro tiene hoy tres alternativas: presentar una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, instaurar una acción de tutela y esperar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pida que se le garanticen los derechos políticos.

“Esta es una decisión que ya estaba anunciada, de manera que no hay sorpresa. El Presidente debe pronunciarse y ejecutar la decisión y Petro puede pedir demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, para ver si se puede probar que hubo contradicciones en la decisión del Procurador con el ordenamiento jurídico”, explica Charry.

El analista añade que Petro también puede entablar una tutela por considerar que hubo un perjuicio irremediable en contra del mandatario distrital y esperar a que jueces ordinarios se pronuncien sobre el caso.

Además, el constitucionalista dice que Petro puede resultar favorecido de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero explica que en caso de que eso ocurra, las medidas cautelares de la Comisión no son “obligantes”, es decir que el Gobierno nacional tiene la potestad de decidir si la acata o no.

Sin embargo, otros abogados creen que aunque es verdad que Petro tiene esas posibilidades, dudan de que alguna de esas alternativas le sirvan de manera eficaz para reversar la decisión disciplinaria de la Procuraduría.

Para el penalista Víctor Hugo Vallejo, lo primero que tendría que determinar el destituido alcalde es si su sanción estuvo directamente relacionada con su filiación política y no con irregularidades durante su mandato. 

“Si Petro quiere entablar una tutela o espera que la CIDH se pronuncie a su favor, tiene que probar que en realidad lo destituyeron porque es de izquierda y no veo que haya pruebas suficientes de que eso ocurrió. El Procurador ejerció su deber de control disciplinario y cuando lo ha hecho antes también lo ha hecho con gente de derecha, así que lo veo muy difícil”.

Vallejo agrega que el fallo de la Procuraduría está enmarcado en la Constitución colombiana y que allí está consignado que no existe otra instancia a la que recurrir una vez haya ratificación del fallo.

Por otro lado, el internacionalista Enrique Serrano añade que las peticiones elevadas por Petro a organismos internacionales como la ONU, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, no tienen efectos jurídicos directos en Colombia porque la soberanía nacional está por encima de sus opiniones.

“Cualquier ordenamiento internacional es inaplicable en Colombia. Lo que Petro logró con sus viajes al exterior es establecer un estatus de víctima que atrae a miembros de esos organismos, pero este no es el primer fallo de la Procuraduría en ese sentido y sería completamente inviable que las decisiones disciplinarias se revirtieran. Eso implicaría revisar al menos mil casos de funcionarios públicos y personas elegidas popularmente que han sido sancionadas”, concluye Serrano.

A estas alternativas se suma una voz que ha insistido en moderar los poderes de la Procuraduría, la del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Para el jurista, frecuente contradictor de las tesis de Ordóñez, el fallo contra Petro podría ser suspendido por el ente a su cargo. Esto, en el marco de una investigación preliminar que se adelanta en contra del procurador delegado Juan Carlos Novoa, quien emitió la sanción contra Petro.

Montealegre dijo que la posible suspensión de la decisión contra el alcalde estaría amparada en un fallo reciente de la Corte Constitucional, que le otorga facultades a la Fiscalía en este tipo de casos. Según el fiscal, si su despacho encuentra indicios o inconsistencias de posibles irregularidades en el proceso que terminó con la sanción al mandatario capitalino, podría tomar las medidas preventivas.

Sin embargo, para el abogado Vallejo, el fiscal general puede estar incurriendo en irregularidades al mostrar su respaldo al destituido alcalde y al manifestar su inconformismo con la labor del Procurador. “El fiscal parece ser un defensor de oficio de Petro y puede provocar un choque de trenes al enfrentarse con el Procurador y sus decisiones. No hay una investigación penal oficial y no le corresponde a él ni a su oficina debatir sobre las decisiones disciplinarias de un ente autónomo que está cobijado por la Constitución de 1991”. 

Por ahora la última palabra la tiene el presidente Juan Manuel Santos, quien es quien debe decretar la destitución de Petro, elegir a un reemplazo temporal y convocar a elecciones para sustituir al burgomaestre.

NoticiasRCN.com/Adolfo Ochoa