El contrato "kamikaze" de la máquina tapahuecos de Bogotá

Según grabaciones reveladas por el diario El Tiempo, los funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV), encargados del contrato de la polémica máquina tapahuecos, actuaron conscientes de las irregularidades en las que según los órganos de control incurrieron con la adjudicación de dicho contrato, cuyo monto es de 11.822 millones de pesos. 

"¿Qué es lo que hay en realidad? Una empresa que está constituida este año, con un capital o unas acciones que valen cinco millones de pesos, y le vamos a dar un contrato directo de 10.000 millones de pesos. Esto es una vaina kamikaze", dice en uno de los audios Juan Carlos Montes Fernández, para ese entonces subdirector técnico de la UMV.

En la reunión, en la que supuestamente se encontraban además de Montes Fernández la exdirectora de la entidad, María Gilma Gómez, la exsecretaria general María Constanza Aguja y Francisco Antonio Coronel, exjefe de la oficina jurídica de la UMV, los funcionarios incluso se ríen porque el representante legal de la empresa Green Patcher Colombia SAS, que deberá tapar 200.000 huecos de las vías de la capital del país, es el actor Juan Pablo Posada.

"Un actor de televisión, risas (…) Tras de que se burlan de nosotros por todo y vamos a contratar con una empresa cuyo representante legal es un actor de televisión... Ahí sí más kamikaze para dónde", admite Aguja Zamora.

Además, en los audios los funcionarios también demuestran temor porque el contrato lo entregaron sin una licitación pública, es decir 'a dedo'.

"Los órganos de control lo primero que van a decir es que esto es una celebración de contratos sin requisitos legales (…) Apenas ellos vean un contrato de 10.000 millones de pesos en una contratación directa, epa, aquí está", afirma Montes Fernández.

Sin embargo, en la grabación en ningún momento los funcionarios dicen estar actuando de forma ilegal, sino que hablan de ser creativos. "Estamos rompiendo esquemas, Cony. Tenemos a un fiscal que es exacto, es prudente, ha estado actuando muy pegado en derecho, ese no está politizado (…) Tenemos que ser creativos, la Administración Pública no debe estancarse, congelarse", señala Coronel. 

De igual forma, al ser consultados por el mismo diario, algunos de los funcionarios no manifestaron estar incurriendo en alguna actividad ilegal.

Ahora será la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía las que determinarán si se cometió algún ilícito.

Escuche aquí los audios de la denuncia. 

NoticiasRCN.com