Nueva lupa sobre contrato de basuras en Bogotá

Denuncian que la empresa española ganadora de plataforma tecnológica y de información ha incumplido el contrato con la Uaesp.


Se trata del abogado experto en temas de contratación Manuel Sánchez y el contratista Julio Gómez.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2013
03:32 p. m.
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Uno de los negocios más jugosos que han sido concedidos por el Distrito, relacionado con la recolección de las basuras en la capital del país, está tambaleando por cuenta del escándalo del ‘carrusel de la contratación’.

La red de veedurías pidió la inmediata caducidad del contrato, luego de que dos de los principales testigos de la investigación aseguraron en la Fiscalía que posiblemente se pagaron millonarias comisiones para la adjudicación.

La plataforma tecnológica y de información que permite la prestación, el control y el monitoreo del servicio de aseo en la capital del país fue concedida a una empresa española a través de su apoderada en Colombia, por más de 106.000 millones de pesos, de los cuales el Distrito entregó un anticipó de casi 35.000 millones.

Sin embargo, según la denuncia, la empresa ha incumplido reiteradamente el contrato con la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), por lo cual fue solicitada a la misma entidad la caducidad.

Afirman los denunciantes, podrían haberse cometido delitos con interés indebido en la celebración del contrato, peculado y otros, por parte de los representantes de la firma y de los dos funcionarios públicos involucrados en la licitación y concesión del contrato: Miriam Margarita Martínez, quien en ese momento era la directora de la Uaesp, y Juan Carlos Junca, quien la reemplazó en el cargo, cuando la primera fue sancionada por la Procuraduría.

Según la misma denuncia, los dos funcionarios ya fueron mencionados en la investigación del escándalo del ‘carrusel’ por parte de dos de los principales testigos que incluso hablaron del pago de comisiones.

Se trata del abogado experto en temas de contratación Manuel Sánchez y el contratista Julio Gómez.

De hecho, al pedir la declaratoria de caducidad del contrato, los denunciantes afirman que los funcionarios públicos "estarían vinculados con posibles pagos de comisiones en la entrega de este contrato, actuaciones gravísimas que impedirían continuar con la ejecución del mismo".

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