¿Vale la pena seguir adelante con la revocatoria de mandato de Gustavo Petro?

La incertidumbre política y electoral que se generó desde la noche del martes cuando se anunció que debido al fallo positivo de una tutela la Corte Constitucional revivió el proceso de revocatoria de mandato del alcalde de Bogotá Gustavo Petro parece no tener un final claro a la vista.

Horas después de que se conociera la decisión del alto tribunal, las voces en contra de un llamado a las urnas para votar por la continuidad del mandatario Distrital en el Palacio de Liévano no se han detenido. Desde el Gobierno Nacional, pasando por la Registraduría y hasta Miguel Gómez, quien fue el político que impulsó el proceso de revocatoria en 2012 han manifestado la inconveniencia de realizar unos comicios en pleno año electoral y con apenas unos meses restantes para que se elija al sucesor de Petro.

Sin embargo, el problema es de índole legal y constitucional, ya que el mandato de la Corte debe ser acatado pese a que se aleguen argumentos económicos por parte de la Registraduría, que anunció que esta convocatoria tendría un valor de al menos $40.000 millones.

El abogado constitucionalista y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, dice que en este fallo no tuvo en cuenta que la revocatoria ya había sido convocada en años anteriores y que para ese entonces se cumplían no solo con todos los requisitos de la ley y el aval de la Registraduría, sino que también existía una coyuntura específica que permitía que se llevara a cabo el proceso electoral. Castro cree que esta decisión carece de sentido político y jurídico.

“Hoy en día votar la revocatoria no tiene sentido y debería ser repensada ya que no tiene en cuenta, por un lado, la eficacia de la acción de tutela a pocos meses de que llegue un nuevo alcalde electo y en medio de una coyuntura electoral”.

El también experto en derecho constitucional, Darío Bazzani, dice que al tratarse de una decisión de la sala de revisión de la Corte, existe aún una alternativa para detener la revocatoria y se trata de que tramite una solicitud de nulidad ante la Sala Plena y que la decisión final se tome allí.

Y esa es justamente la estrategia que anunció el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, quien dijo que acatará la orden pero que desde ya prepara una petición de nulidad y que la hará efectiva una vez reciba la notificación por parte de los magistrados del tribunal. 

El Registrador señaló que para citar a la revocatoria ese proceso no estará listo antes de junio próximo, porque la Registraduría requiere de un tiempo para disponer todo para la votación, pero en especial conseguir el dinero.

“Hemos actuado responsablemente en este proceso”, dijo Sánchez, quien respondió de esa manera a quienes le han cuestionado por haber supuestamente demorado la consulta revocatoria.

Explicó que hacer esa votación le costaría al país por lo menos 40 mil millones de pesos, un gasto que se suma a las elecciones de octubre próximo que le valen al Presupuesto de la Nación más de 150 mil millones de pesos.

Además de los argumentos económicos y jurídicos entregados por expertos tras conocerse el fallo de la Corte, otros sectores políticos del país se pronunciaron y aseguraron que revocar a Petro llevaría a una crisis en la gobernabilidad de Bogotá, ya que obligaría a que movimientos partidistas se movilicen, ya sea en favor o en contra, por esta actividad.

La presidente del Concejo de Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, aseguró que de llevarse a cabo este llamado a las urnas “quedarían en vilo muchos temas importantes porque la ciudad tiene un gran desorden administrativo y esto se sumaría a ellos”.

Así mismo lo considera el también concejal Carlos Vicente de Roux, quien señaló que la revocatorio “genera inestabilidad e incertidumbre y lo hace en medio de la campaña por la Alcaldía”.

Y sobre todo ese tema ha sido rechazado por los especialistas en política, quienes consideran que dineros públicos serían destinados a la campaña para que el alcalde Petro se pueda mantener en el cargo.

“Esos dineros que se van a invertir en publicidad, en movilizar a la ciudadanía van a salir de las arcas públicas y de los impuestos que se pagan por parte de los ciudadanos y es mejor que vayan a mejorar la seguridad”, afirmó el edil Javier Palacio.

Por ahora lo único cierto es que la revocatoria vuelve a la vida y solamente la Corte Constitucional tiene la última palabra y aunque se logre que Petro deje su cargo, debido al poco tiempo que queda para concluir su mandato, su reemplazo será alguien del movimiento Progresistas que lo llevó a la Alcaldía.