Corte Constitucional define blindaje jurídico del acuerdo con las Farc

El Congreso de la República en mayo selló el blindaje jurídico para que los próximos 3 gobiernos presidenciales no puedan afectar las normas que actualmente se están tramitando como implementación a lo pactado entre Santos y las Farc.

Es decir que durante los próximos 12 años ningún funcionario público puede ir en contravía de lo acordado en el teatro Colón.

El texto del acto legislativo 02 de 2017 deja claro que: "Los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales".

La palabra clave en la discusión es "validez".  El acto legislativo establece que, si las normas tramitadas en los próximos 12 años, relacionadas con derechos fundamentales y derechos humanos, no se ajustan al acuerdo final, no serán válidas.

La Corte Constitucional entró a estudiar ese 'blindaje máximo' impuesto por el Congreso. El magistrado al que le tocó el proceso es Luis Guillermo Guerrero. Luego de estudiar diferentes pruebas y escuchar a las partes en una audiencia pública, redactó una ponencia en la que manifiesta su desacuerdo con gran parte de esa reforma constitucional. Para Guerrero, se debe eliminar del acto legislativo dos frases: una que obliga a "cumplir con buena fe lo establecido en el acuerdo final" y otra frase que condiciona todas "las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado" deberán guardar coherencia con lo acordado.

Pero la propuesta de Guerrero no fue bien recibida por la mayoría de magistrados de la Corte. Al inicio de la discusión, varios manifestaron preocupación por la posibilidad de que un próximo Gobierno afecte la estructura de lo firmado y ratificado por las partes en el teatro Colón. E incluso, han saltado a relucir frases como: van a hacer trizas el acuerdo.

De los 9 magistrados están en contra de la ponencia. Ellos son Alejandro Linares, Alberto Rojas, Cristina Pardo, Diana Fajardo, Antonio Lizarazo y José Reyes. Sólo el ponente Luis Guillermo Guerrero, Gloria Ortiz y Carlos Bernal, consideran que se deben hacer ajustes al texto constitucional.

Por lo pronto, la Corte deberá resolver una recusación presentada a última hora por Marta Lucía Ramírez contra el magistrado Antonio Lizarazo por haber sido asesor del Gobierno en temas claves de paz.

Superada la etapa de recusaciones, en horas de la tarde o noche se tomaría una decisión. La importancia del fallo es mayúscula, ya que fijará el futuro de lo que podrá hacer un próximo presidente con el acuerdo del teatro Colón.

Germán Duque/NoticiasRCN.com