La polémica la prendieron las declaraciones del vicefical de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, quien dijo que se debe esperar a qué tipo de sanciones les aplique a los jefes de las Farc para determinar si apoyan el proceso en La Habana, Cuba.
"Es un proceso que también debe contemplar asuntos de responsabilidad para los responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad", dijo entonces Stewart.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, celebró lo dicho por el vicefiscal de la CPI.
"La justicia en estos términos es cumplir los mínimos internacionales; es decir, penas privativas de la libertad", afirmó Ordóñez.
Pero el Gobierno no se quedó callado ante lo dicho por Ordóñez. El Mnisterio de Justicia por medio de un comunicado aseguró que la fiscalía de la CPI no hizo referencia a penas de cárcel para las Farc y contradijo al procurador.
"Ni las Fiscalía ante la Corte Penal Internacional llegó a esa conclusión, ni la inferencia personal del procurador es válida", comunicó el Ministerio de Justicia.
El procurador, horas después por medio de un trino, afirmó que la CPI ha exigido penas proporcionales a la gravedad de los crímenes.
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