Medida de aseguramiento para dos funcionarios y fundador de la universidad San Martín

Un juez de Girardot, Cundinamarca determinó enviar a la cárcel a Juan Carlos Mahecha y José Ricardo Caballero, representantes legales de la universidad San Martín, acusados del desvío de millonarias sumas de dinero de la entidad educativa.

Además, determinó la medida de casa por cárcel para Mariano Alvear, fundador de la San Martín, debido a su edad y el delicado estado de salud. 

Se determinó que los directivos de la Fundación Universitaria San Martín desviaron casi un billón de pesos provenientes de matrículas y otros ingresos, para evitar pagar por las obligaciones adquiridas por el centro educativo.

Durante la audiencia de imputación de cargos realizada en la casona en la que vive el fundador de Universidad San Martín, Mariano Alvear, debido a su estado de salud, el fiscal del caso señaló que se les vincula penalmente por 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales, 17 fraudes a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

En la diligencia estuvieron Alvear, en una cama de hospital, Juan Carlos Mahecha Cárdenas y Ricardo Caballero Calderón, exfuncionarios de la entidad educativa. La Fiscalía les imputó cargos por fraude procesal, fraude a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y  falsedad en documento público.

Los fraudes a resolución judicial los cometieron en los casos denunciados por personas que ganaron contra el centro educativo procesos laborales por el no pago de muchas de las obligaciones surgidas en el contrato de trabajo, y jamás hicieron pagos ordenados en las sentencias de los jueces laborales de todo el país.

En cuanto a los fraudes procesales, la Fiscalía explicó que estas personas presentaron documentos falsos para levantar los embargos que bloqueaban las posibilidades de vender bienes en diversas ciudades del país y de esta manera afectar a quienes ya eran sus acreedores.

Más tarde, esos bienes eran negociados a través de fiducias, comodatos y otras figuras del derecho civil y comercial. De esta manera, volvían al control de los directivos de la entidad.

Al lado de ellas, se presentaban las falsedades materiales porque presentaban documentos que nunca expidieron entidades como el IDU, la Alcaldía de Bogotá y otros para hacer incurrir en error a los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, entre otros.

La estafa en la modalidad de delito masa se habría presentado cuando ofrecieron carreras que no podían presentar ante el público porque no tenían la autorización respectiva.

El monto total de lo que recaudaron por esta actividad fue de 3.143 millones 146.014 pesos. En esencia, explicó el fiscal del caso, indujeron en error a las personas porque no estaban facultados para tal fin.

Ligado a esto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de  Justicia, Sala Penal, aparece inseparable el delito de enriquecimiento ilícito.

Precisamente, el rastreo de bienes que hizo la Fiscalía General de la Nación estableció que a través de transferencias bancarias usando más de diez entidades financieras, el dinero de los estudiantes y de la Universidad fue detectado en países como México, las Islas Cayman, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwán, Alemania, Corea del Norte y Rusia.