"No es mi intención evadir la justicia": Morelli desde Roma

A través de un comunicado la excontralora general de la República Sandra Morelli, justificó su salida del país para evitar la imputación de cargos que le iba a realizar la Fiscalía por las supuestas irregularidades en las que incurrió con la firma del contrato de arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría.

Según Morelli, el proceso en su contra carece de imparcialidad, por lo que le iban a dictar orden de detención y le iban a quitar a su hijo.

"Son tan aberrantes y despóticas (las acusaciones) que incluso se consideró por parte del ente acusador, realizar peritazgo psiquiátrico, con el fin de retirarme la patria potestad de mi hijo menor", dice la exfuncionaria en el comunicado que emitió desde Roma, Italia, a donde partió el sábado pasado. 

De igual forma, señala que no tiene pensado evadir la justicia y que el tiempo le dará la razón, agregando que su abogado defensor renunció y que está a la espera de que le asignen uno de oficio. 

"No es mi intención evadir la justicia, por el contrario considero que mis acciones encuentran el debido soporte que a la postre saldrá a relucir, no obstante considero que las investigaciones que cursan en la Fiscalía carecen del respeto a mi derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia y derecho de contradicción y están viciadas por completo de objetividad e imparcialidad". 

Además, en el comunicado realiza señalamientos. "En reiteradas oportunidades el señor vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo Torres, y el empresario Alberto Rios, manifestaron a 'voz populi' y a través de expresiones injuriosas, que a la señora contralora y a su pequeño hijo se les daría su merecido", apunta. 

Por el alquiler de la nueva sede de la entidad, ubicada en el barrio Salitre de Bogotá, se pagan 2.500 millones de pesos mensuales. 

Por petición del abogado defensor de Sandra Morelli, la audiencia de imputación de cargos que se tenía dispuesta para el pasado jueves 28 de agosto en el Tribunal Superior de Bogotá, se aplazó por el proceso de empalme entre la exfuncionaria y el nuevo contralor Edgardo Maya Villazón.

Con anterioridad, la saliente Contralora habría radicado una acción de tutela argumentando falta de garantías en el proceso que se adelanta en sus contra por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría, lo que habría generado un detrimento patrimonial superior a los 54 mil millones de pesos.

NoticiasRCN.com