Alarmante informe sobre la niñez en Colombia

Según el Observatorio sobre de esta institución educativa la creación de la Policía de Infancia y Adolescencia es un avance pero disposiciones de la ley como el establecimiento de fiscalías para investigar casos de responsabilidad penal de menores, o el fortalecimiento tanto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como de las comisarías de familia todavía permanecen sin ser implementadas.

El profesor Ernesto Durán, integrante del Observatorio asegura recuerda que el país tenía en su legislación el Código del Menor, que data de 1989. Este no garantizaba sus derechos, por lo que la presión de la sociedad condujo a que se introdujeran una serie de normas para actualizarlo.

“Aunque el Código establece garantías para la prevención, protección y rehabilitación de los niños en situación de discapacidad, el desarrollo posterior en este tema ha sido muy limitado”, destaca el profesor Durán, quien también recuerda que los apoyos económicos que el Estado debe entregarles a las familias de estos niños no existen porque el artículo nunca se reglamentó.

Pese aque  la norma establece que cada departamento y municipio debe tener una política pública de infancia y adolescencia que les permita a sus dirigentes hacer un diagnóstico de la situación, la Procuraduría General de la Nación encontró que cerca de 50 entidades territoriales carecen de cualquier tipo de política sobre el particular.

Sólo en 2016 el Bienestar Familiar registró 48 mil asos de vulneracion de derechos de niños y adolescentes.

“Pese a que la norma plantea avances muy interesantes, los gobernantes siguen sin prestarle mucha atención a los temas relacionados con niños y adolescentes, por lo que no hay suficiente inversión y el número de personas para atenderlos sigue siendo insuficiente”, puntualiza el profesor Durán.

El análisis habla de una disparidad entre los departamentos donde están las grandes ciudades y aquellos que se encuentran en la periferia.

El docente destaca que aunque la cobertura nacional de las defensorías de familia no ha mejorado significativamente, sí se logró extenderlas a gran parte del país, aunque el nombramiento de los funcionarios se encuentra bastante politizado.

“No existe justificación alguna para que a pesar de todos los avances que ha tenido el país en los últimos años un solo niño se muera de hambre, y sin embargo continúan registrándose estos casos en La Guajira, Chocó, Norte de Santander, Meta e incluso en Bogotá”, precisa.

El informe se basa en estadísticas como las que reportan que en el último año al menos 35 menores muerieon por causas asociadas a la desnutrición y el 47.3% de los 1.4 millones de niños indígenas de Colombia sufre desnutricion crónica.

“Aunque en las campañas políticas se siguen utilizando los niños sin ningún reparo de la clase dirigente, las decisiones y presupuestos distan mucho de los compromisos adquiridos”, subraya el docente, quien también llama la atención sobre los recientes escándalos por cuenta de los actos de corrupción vinculados a la alimentación escolar.

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