A la cárcel cinco policías relacionados con el 'Cartel de la Chatarrización'

Una juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra cinco uniformados de la Policía Nacional relacionados con el 'Cartel de la Chatarrización', en el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por ese caso.

De acuerdo con la información recopilada, los uniformados habrían dado información privilegiada a Pedro Aguilar, líder camionero quien también fue enviado a la cárcel este viernes, en desarrollo de las investigaciones que adelantaba el ente acusador, causando una obstrucción a las mismas.

El juez acogió la petición de la Fiscalía de cobijar a los policías con medida de aseguramiento tras acusarlos de los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal, en concurso con el de uso de documento falso y supresión u ocultamiento de documento público.

El pasado viernes, el Juez 71 con funciones de garantías de Bogotá ordenó reclusión en establecimiento carcelario para Aguilar y otras cuatro personas.

Según la decisión el líder camionero será recluido en la cárcel Modelo de Bogotá, así como Parmenio Reinelio Cuetami y Juvenal Yantén Agredo.

De igual forma se impuso la medida de detención domiciliaria a Lida Piedad Sánchez y María Mabel Sánchez quienes permanecerán en su domicilio, ubicado en la ciudad de Cali.

Según lo indicó el juez, "se cumplen con los requisitos legales para imponer las medidas de aseguramiento al demostrarse por la Fiscalía la comisión de los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso; y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, por parte de los hoy imputados".

El despacho añadió que la Fiscalía "logró establecer la existencia de una organización criminal liderada por el señor Pedro Aguilar y de la cual también participaban Parmenio Reinelio Cuetami, Juvenal Yantén Agredo, Lida Piedad Sánchez, y María Mabel Sánchez".

Durante la investigación, indicó el juez, la Fiscalía además probó que "se creó esta organización con el propósito de alterar la documentación de vehículos de carga que fueron postulados ante el Ministerio de Transporte para proceder a su desintegración de forma engañosa y por los cuales el Gobierno pagaba entre 30 y 80 millones de pesos por cada vehículo chatarrizado".