Cerca del 40% de víctimas de minas en Colombia son civiles

Cerca del 40% de las más de 11.000 víctimas de minas antipersona en Colombia, el segundo país del mundo más afectado por este flagelo por detrás de Afganistán, son civiles, entre ellos 1.142 menores de edad, según revela un informe oficial.

Desde 1990 y hasta el 31 de marzo de 2017 se registraron 11.481 víctimas de minas antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG), de las cuales 4.425 son civiles, según un reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y que se presentará el miércoles en Bogotá.

De los civiles afectados, cerca del 30% son menores de 18 años y 25% erradicadores manuales de cultivos ilícitos, reza el informe titulado "La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia".

"Las afectaciones en niños y adolescentes son muy importantes en sus cuerpos y requieren una actuación médica inmediata y costosa", dijo la investigadora del CNMH María Elisa Pinto.

Además, del total general de víctimas, 7.028 son miembros de la fuerza pública, agrega el documento, el primero realizado en el país con "perspectiva de memoria histórica".

Alrededor del 20% de las víctimas falleció por causa de las explosiones y el 98% de las explosiones ocurrió en zonas rurales, añade.

Las principales responsables de la instalación de estos artefactos, según la investigación, son las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que firmaron un histórico acuerdo de paz en noviembre, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), que negocia con el gobierno el fin de medio siglo de conflicto armado.

Durante 52 años Colombia ha vivido una guerra fratricida que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, con saldo de 220.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

"No ha sido aleatorio el empleo de MAP en el país por parte de las guerrillas, sino que ha respondido a una estrategia de combate y a una lógica de control territorial y poblacional por parte de estos grupos, produciendo, no obstante, un efecto indiscriminado sobre la población civil", explica el reporte.

Con la instalación de estos explosivos, los rebeldes buscan proteger zonas históricas, sus retaguardias, cultivos ilícitos, activos estratégicos o causar daño físico y psicológico al adversario, agrega el informe.

El texto, que recoge datos de la estatal Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), advierte que, pese a que "se observa una tendencia decreciente", este "es un problema que seguirá persistiendo en el territorio nacional por años".

"El fenómeno del minado se ha concentrado", agregó Pinto. Setecientos de los 1.032 municipios del país están minados. De ellos, 25 concentran el 50% de estos explosivos. 

Los departamentos en los que se han reportado más víctimas son Antioquia, Meta, Caquetá, Nariño y Norte de Santander.

"El reto que ahora tiene Colombia es facilitar la atención y rehabilitación a las víctimas", aseguró Pinto.

Colombia firmó en 1997 la Convención de Ottawa, que prohibió el uso de estas armas, y que entró en vigor en 2001. El Ejército colombiano utilizaba las minas como parte del arsenal para la seguridad de algunas de sus bases, cuyo desminado inició una vez se suscribió el tratado. 

El país aspira a estar libre de minas en 2021, por lo que en febrero pasado el gobierno empezó labores de desminado en el 40% de la zona afectada.

Las Farc se comprometieron en el pacto de paz a ayudar en estas labores, en tanto que el ELN y el gobierno anunciaron a principios de abril un plan piloto, en el marco de los diálogos de paz que se desarrollan en Quito y como parte de medidas para reducir la intensidad de los enfrentamientos.

Según la Dirección Contra Minas, entidad adscrita a la Presidencia, entre 2004 y febrero pasado se han realizado actividades de desminado en 128 municipios, se han destruido 5.491 artefactos y se ha despejado un área de más de dos millones de metros cuadrados, de unos 52 millones de metros de territorio contaminado.