Fiscalía solicitó orden de captura internacional, con circular roja de Interpol, para excontralora Morelli

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se emita una orden de captura internacional en contra de la excontralora general de la República Sandra Morelli.

Asimismo, se pidió que se expida circular roja de la Interpol.

Según lo expuesto por el Fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo del proceso, Morelli Rico, en calidad de contralora, habría suscrito los contratos 233 y 234 del 29 de marzo de 2012 con la firma Proyectos y Desarrollos I S.A., cuyo objeto era la adquisición de servicios de alquiler de la nueva sede física de la Contraloría, con los cuales contrajo una obligación mensual de $2.703.685.689.

El fiscal indicó que se habrían violado los principios de planeación, economía y selección objetiva, generando un detrimento de $12.292.636.453, por pago de arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, en el que se evidenció un sobre costo en el valor del canon.

Igualmente, señaló que para la celebración de estos contratos se cometieron irregularidades en los estudios previos sobre la justificación de la necesidad, el estudio de mercado puesto que no tenía rigor técnico, así como en la selección del contratista y un doble pago por el mismo objeto del contrato. Agregó el fiscal que la contralora como ordenadora del gasto desconoció la legalidad contractual.

Dichos contratos fueron pactados a dos años, pero con una cláusula que los obliga a prorrogarlos hasta 10 años, de lo contrario la Contraloría debe pagar una sanción, además de llevarse el mobiliario.

Otra de las conductas que la Fiscalía reprochó a la excontralora fue la enajenación de las sedes propias, como el edificio Centro Colseguros y el edificio Cardenal Crisanto Luque, a través de los contratos interadministrativos CM-019-2013 y CM-009-2014, con la empresa Central de Inversiones S.A. CISA, que tenían como objeto transferir a título de compraventa estos bienes y por los cuales firmaron escrituras públicas que otorgaban el dominio.

Supuestamente Morelli Rico provocó la condición de no uso de dichos inmuebles para enajenarlos.

Por estos hechos la Fiscalía imputó a la excontralora los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, con circunstancias de mayor punibilidad por la relevancia de la posición que ostentaba en su calidad de Contralora.