Las razones que argumentan quienes van a paro

Caficultores, cacaoteros, paneleros, camioneros y transportadores, y al menos 30 organizaciones sociales y sindicatos laborales saldrán desde este lunes a manifestarse contra el Gobierno en el paro nacional convocado a inicios de este mes para protestar porque, según los líderes de esta manifestación, el Gobierno Nacional no ha sido efectivo para mejorar las condiciones económicas y laborales de los distintos sectores participantes. 

Las autoridades anunciaron varias medidas preventivas para evitar desmanes y bloqueos viales. En la mañana del viernes el Ministerio del Interior emitió una circular dirigida a alcaldes y gobernadores del país en la que se detalla el marco jurídico que les da facultades para evitar actos de violencia. El titular de la cartera de Interior, Fernando Carrillo, recordó que quienes bloqueen las vías de tránsito de vehículos o atenten contra los derechos de los ciudadanos, podrían pagar hasta 48 meses de cárcel. 

"La fuerza pública conoce y tiene la instrucción del gobierno nacional de aplicar el marco general de protección a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", dijo el Ministro en su misiva dirigida a los gremios.

La Policía Nacional informó que dispondrá de 16.000 efectivos más, destinados específicamente a garantizar la seguridad durante las protestas, distribuidos en 29 unidades que reforzarán las policías metropolitanas, de departamentos y los municipios.

También se dispondrá de un contingente especial de 6.000 uniformados destacados en las carreteras, con el propósito de evitar bloqueos. Ellos contarán con el apoyo logístico de ocho helicópteros dotados con cámaras de vídeo y varias patrullas también con cámaras, además de la totalidad del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y sus tanquetas.

Los reclamos de los gremios que se unieron a la protesta de hoy van desde pedir mayores controles en los precios de combustibles, porque alegan que trabajan a pérdida, en el caso de los camioneros, hasta la cancelación de deudas que tiene hospitales públicos y subsidios para el sector agrario.

Ya el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha enfrentado en el pasado paros que van desde el de cultivadores de café, hasta campesinos del Catatumbo. Pero la protesta de este 19 de agosto es la primera en años en la que confluyan tantos sectores, explica el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, que apoya el paro.

El paro "fue por una convergencia de molestias, muchos reclamos distintos y que se va a expresar de muchas maneras distintas" en cada uno de los 32 departamentos del país, dijo Robledo.

Eudoro Álvarez, presidente de los agricultores y ganaderos del Meta, anticipó que sus representados estarán en el paro nacional del próximo 19 de agosto, a través de la Marcha de la Dignidad y la Confraternidad Agropecuaria, por la vía Bogotá – Villavicencio.

“No es una ‘molestadera’ inoficiosa. No tenemos permiso para bloquear la vía, pero vamos a marchar pacífica y multitudinariamente en virtud del derecho constitucional”, apuntó.

Ramiro Camacho, productor lechero de Caldas, dijo a su vez que ganaderos y cacaoteros de los comités del Magdalena Medio, Honda, La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Cimitarra se van a congregar en Puerto Araujo, Guarinocito y  en la vía a la costa.

“Nuestra caravana va ser pacífica y no queremos bloquear las vías. El Gobierno recurre a las amenazas para tratar de impedir la movilización”, comentó.

Alfredo Cruz, vocero de los paneleros del Valle del Cauca, confirmó que su sector estará en la movilización en Candelaria hacia Palmira, en la vía Panamericana desde las 8:00 a.m., en Tuluá y en la Virginia, al norte del departamento.

"La iniciativa de salir (a paro) con ellos... es porque coincidimos", dijo María del Carmen Sánchez, vicepresidenta de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud o Anthoc, que reúne a 16.000 trabajadores de salud, desde enfermeras hasta algunos médicos y empleados administrativos.

Dijo que la mayor exigencia es que el gobierno obligue a las empresas privadas de salud a pagar a los hospitales una deuda que calculan en 7,5 billones de pesos  acumulada desde al menos el 2008 y hasta ahora. No reclaman, dijo Sánchez, aumentos salariales, sino que se paga esa deuda porque imposibilita a los hospitales prestar un buen servicio, entregar medicinas y atender pacientes.