Pese a declaratoria de emergencia carcelaria, la situación de los presos sigue siendo dramática

En los cuatro primeros meses del año fueron los más profundos de la crisis por la que atravesó el sistema de salud en los 136 centros de reclusión del país, originada por la disolución de Caprecom y la entrega de los servicios a una fiduciaria que no tenía experiencia en el tema.

Al llegar al cargo, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, declaró la emergencia carcelaria y aunque han mejorado algunos aspectos dentro de los centros carcelarios la atención todavía es precaria. 

No existen pruebas de que la variación estaría relacionada con el cambio del servicio, pero la Defensoría certificó en su momento que varias de esas muertes sí se dieron por falta de medicamentos.

"Aún no existe precisión sobre cuántos internos perdieron la vida, pero sí es una situación que se presentó", señaló José Manuel Díaz exdelegado penitenciario de la Defensoría.

En la cárcel de Cúcuta han muerto este año 14 internos por causas no violentas y las protestas por la falta de atención han llegado hasta el suicidio. Desde hace meses, hay un brote de tuberculosis y otro de varicela. 

"Sólo cuando el detenido está vomitando sangre o defecando sangre, lo atienden o lo llevan a un centro de salud", denunció Yolima Rojas, representante de la Asociación que defiende los DDHH. de los detenidos de Cúcuta.

Aún hay fallas en el suministro de medicamentos, y es que por lo menos cincuenta centros de reclusión no tienen el suficiente suministro de medicamentos y no se ha restablecido la distribución de insumos médicos u odontológicos.

Al 30 de septiembre de este año, se habían hecho 36.119 solicitudes de autorizaciones, de las cuales 20.299 tuvieron respuesta, pero 16.154 aún están pendientes. 

En total, faltan 69 médicos y 49 enfermeras por contratar, además de odontólogos y auxiliares. En la cárcel de mujeres de Bucaramanga, por ejemplo, la situación es crítica.

"Literalmente los guardias le dicen a uno que está prohibido enfermarse después de mediodía que no está el médico y los fines de semana", dijo Xiomara Torres, exreclusa de la cárcel de mujeres de Bucaramanga.

El centro de reclusión donde más internos han muerto este año es La Picota, en Bogotá, desde donde piden que más bien sea decretada una emergencia social y humanitaria.

"La emergencia carcelaria no ha funcionado y para la muestra dos muertos en nueve días, uno el 29 de junio y el otro el 30 del mismo mes", explicó Jhonier Andrés Martínez, interno de la cárcel La Picota. 

Antes de salir de la Defensoría del Pueblo, el exdelegado de Asuntos Penitenciarios que lideró la advertencia sobre la grave situación de la atención a la salud en las cárceles del país, dijo a Noticias RCN que la emergencia carcelaria fue una medida insuficiente.

"Se hace necesario que, lo más pronto posible, se implemente el modelo de la ley, es decir que se contraten IPS que atiendan de forma generalizada y masiva", señaló el exdelegado penitenciario de la Defensoría.

La mayor preocupación es que el encargo del sistema de salud en las cárceles a la fiduprevisora termina el primero de diciembre próximo y con ello, la atención podría quedar de nuevo al garete.

"El juez lo condena a usted a pagar una pena por tal delito, pero no lo condena a morirse a la cárcel, pero en la realidad sí existe una pena de muerte en las cárceles", puntualizó el interno de la cárcel La Picota, Jhonier Andrés Martínez.

Al respecto, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, aseguró que la medida de emergencia carcelaria ha funcionado. Sostuvo además que se fijó la atención sobre una población que debe ser atendida.

El jefe de la cartera también admitió que aún existen problemas, pero se comprometió a que al finalizar la emergencia, la atención y las medicinas estarán garantizadas en todos los centros de reclusión.