Renunciar o mantenerse, ¿qué debe hacer un funcionario envuelto en un escándalo?
Expertos debaten si un funcionario público debería apartarse de su cargo si está en medio de un escándalo o puede defenderse mientras está en funciones.
Noticias RCN
enero 27 de 2016
05:49 p. m.
05:49 p. m.
El escándalo por el supuesto acoso en contra de una antigua subalterna que tiene en el ojo del huracán al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, ha generado múltiples opiniones en la sociedad colombiana. A través de las redes sociales, muchos ciudadanos han pedido que Otálora abandone su cargo para enfrentar la denuncia hecha por Astrid Cristancho, quien se desempeñaba como su secretaria privada en la oficina de la Defensoría. Incluso, la indignación por el caso ha alcanzado al Partido Liberal, en donde está el origen político del Defensor y cuyas directivas pidieron que Otálora se aparte de la entidad. Otálora, sin embargo, se ha mantenido en el cargo pese a los constantes rumores sobre su renuncia.
Esta situación y la de otros funcionarios han encendido el debate sobre si los personajes públicos que se han visto envueltos en escándalos de distintas índoles deberían renunciar en cuanto se conoce de sus errores o si es válido que se defiendan desde sus cargos.
Para el abogado experto en ética civil Víctor Hugo Vallejo, el problema es que, como sociedad, permitimos que personas con poder dentro de los distintos establecimientos establezcan sus propias reglas, pasando por encima de normas constitucionales.
"En el país hay una legislación clara que permite que se castiguen los distintos delitos. El acoso laboral y sexual está claramente sancionado, pero quienes ostentan el poder deciden que esas normas no aplican a ellos justamente por su condición de poder. Como sociedad hemos permitido que esa especie de narcisismo de poder le quite legitimidad a las instituciones. Hay una especie de imaginario de que quien está en un cargo de mando tiene una realidad intocable".
El abogado dice que este tipo de situaciones, que no es exclusiva de Otálora, es una señal de un Estado fallido, que no es capaz de entregar una justicia eficaz, efectiva y rápida y que permite que a cargos de alto poder lleguen personas que no están calificadas para ocupar ciertos puestos.
"No es posible que después de todos estos años, Samuel Moreno (exalcalde de Bogotá procesado por el cartel de la contratación) siga sin pagar por sus delitos. El proceso se ha dilatado cada vez más y es posible que termine por vencerse en cuanto a términos, dejando a una persona, a todas luces culpable, en libertad. ¿Y eso por qué pasa? Porque se ha venido perpetuando el ciclo de que los que llegan a altos cargos lo hacen más por influencia y amistad que por sus capacidades demostradas".
El experto en Derecho agrega que la renuncia de Otálora debió darse, además de por los cuestionamientos hechos por su subalterna, por haber incurrido en un conflicto de intereses, ya que sostuvo una relación sentimental con una de sus empleadas, generando así una contradicción laboral que bien pudo afectar el funcionamiento de la entidad para la que ambos trabajaban.
Vallejo cita el caso del magistrado Jorge Pretelt, quien pese a afrontar una investigación por supuestamente haber solicitado un soborno para estudiar una tutela, se mantenga en su cargo en la Corte Constitucional, siendo sancionado apenas con una suspensión temporal.
Una idea similar tiene el sociólogo y docente de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria, quien dice que el problema es que los cargos públicos son tratados como si fueran propiedades privadas sobre las que se tiene derecho.
"Lo público va más allá de los individuos. Las personas van y vienen pero el cargo permanece. El Defensor no es Jorge Armando Otálora, él es una persona que hoy ocupa ese cargo de manera provisional y que no está por encima de la figura del Defensor".
Sanabria dice que aunque Otálora sea inocente del acoso por el que ha sido denunciado, debería apartarse de su puesto para no generar traumatismo a una entidad que vela por los derechos humanos.
"Seguir allí, inocente o no, es afectar a la institución, especialmente una que tiene como función cuidar los derechos de las personas. La sensación que hay es que hay una especie de corrupción que permite que los funcionarios se atornillen al cargo y que deslegitima la labor de la Defensoría".
La directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, también cree que este tipo de casos como el de Otálora o el magistrado Pretelt minan la confianza entre los ciudadanos y las entidades estatales, generando una ruptura en la relación entre ambas partes.
“¿Qué genera eso? Desconfianza. Yo no denuncio porque sé que no va a pasar nada con esa persona que está cometiendo abusos. Yo, como ciudadano, ya no confío en la justicia, creo que nada va a pasar así que dejo de preocuparme por mi derecho y mi obligación de denunciar. Eso rompe profundamente el tejido social. Sea lo que sea que haya pasado en cada caso, hay que tener una ética básica que nos permita generar confianza, especialmente si se es un funcionario de lo público”.
Una postura opuesta tiene el abogado penalista Álvaro Pérez, quien dice que el Defensor hace bien al no renunciar a su cargo porque "ha realizado sus funciones como empleado público a la perfección".
"En el artículo 6 de la Constitución dice que los funcionarios públicos deben responder por sus acciones u omisiones y el récord de Otálora como Defensor del Pueblo ha sido impecable. Además, todos los colombianos y colombianas tenemos derecho al debido proceso y a Otálora le corresponden controles jurídicos, no sociales", concluye el abogado Pérez.
Adolfo Ochoa/NoticiasRCN.com
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