Violaciones a DD.HH. amenazan acuerdos de paz, según Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) denuncia en su informe anual que en el país, a pesar de los progresos en las conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, ambas partes siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos.

El documento dice que la falta de medidas para frenar las consecuencias que sobre los derechos humanos tiene el conflicto armado y el hecho de que no se procese a la mayoría de los presuntos responsables de esos crímenes, "amenazan con socavar la viabilidad a largo plazo de un acuerdo de paz definitivo en el país".

"Ambas partes seguían cometiendo abusos y violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, principalmente contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas", indica.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos registró 40 asesinatos de defensores de los derechos humanos entre enero y septiembre, dice AI, que agrega que, según la ONG Escuela Nacional Sindical, 20 miembros de sindicatos murieron violentamente hasta mediados de diciembre.

Según datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), recogidos en el documento de AI, 10 indígenas fueron asesinados por razones relacionadas con el conflicto y 2.819 sufrieron el desplazamiento forzado durante los primeros nueve meses del año pasado.

Casi 220.000 personas, el 80 %  civiles, murieron de forma violenta entre 1985 y 2012, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, de carácter estatal, y al menos 25.000 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, cometidas mayoritariamente por paramilitares y fuerzas de seguridad, indica AI.

El informe revela que "alrededor de 27.000 personas fueron secuestradas entre 1970 y 2010, sobre todo por grupos guerrilleros, y más de 5 millones fueron objeto de desplazamientos forzados entre 1985 y 2012. Hasta noviembre, el gobierno había registrado más de 7 millones de víctimas".

El Gobierno Nacional  "continuó promoviendo legislación para ampliar el ámbito de la jurisdicción militar y facilitar que se asignaran a los tribunales militares los casos en los que hubiera miembros de las Fuerzas de Seguridad implicados en violaciones de derechos humanos", señala.

Esto amenaza con anular "los escasos avances que los tribunales civiles habían realizado para hacer respetar y defender el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia".

Avanzó lentamente la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor en 2012, y hasta agosto de 2014 sólo unas 30.000 hectáreas se adjudicaron a campesinos, y sólo un territorio de 50.000 hectáreas a comunidades indígenas.

Todas las partes en el conflicto "cometían violaciones y otras formas de violencia sexual, sobre todo contra mujeres y niñas", sometidas a esclavitud sexual, explotación, esterilización, prostitución, abortos, desnudez y embarazo forzado.

El documento refleja que siguió disminuyendo la ayuda estadounidense al país, ya que Estados Unidos asignó a Colombia alrededor de 214,5 millones de dólares en concepto de ayuda militar y cerca de 164,9 millones en ayuda no militar, frente a los aproximadamente 228,6 y 195,9 millones, respectivamente, de 2013.

EFE