Presidente Santos objetó leyes de infertilidad y límites a reconexión de servicios públicos

El presidente Juan Manuel Santos objetó este martes las leyes que buscaban reconocer la infertilidad como una enfermedad y la que limitaba la reconexión de servicios públicos a los estratos más bajos.

Los argumentos para no avalar estas leyes son que representan una carga fiscal al país muy grande, por lo que las declaró como inconvenientes e inconstitucionales.

De acuerdo al Gobierno, el proyecto sobre reconexión de servicios públicos, aprobado por el Congreso, prohíbe a las empresas de servicios públicos cobrar por la reconexión y reinstalación del servicio de agua, gas o electricidad, en particular los usuarios de los estratos 4, 5 y 6.

El Ejecutivo argumenta ante este particular que la norma vulnera el principio de solidaridad y constituye un factor de inequidad contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones. Además advierte que "el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión y reinstalación".

En cuanto a la ley de infertilidad, Santos aseguró que el Estado no puede encargarse del tratamiento de parejas que no pueden tener hijos (alrededor de 235 mil en el país), ya que pondría en riesgo la salud de cerca de 4 millones de colombianos.

Según el Ministerio de Hacienda, el costo por atender a las parejas que tienen infertilidad en el país se elevaría a $13 billones anuales, mientras que el presupuesto total del sector salud es de $40 billones.

Además, el Gobierno señaló que Colombia cuenta con una completa política pública de prevención de la infertilidad y una de atención integral en salud, que atiende plenamente las obligaciones del Estado en esa materia. 

Así las cosas, el Presidente Santos consideró que la iniciativa vulnera el principio de sostenibilidad fiscal, toda vez que los tratamientos de infertilidad (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro) para toda la población que lo requeriría, pueden llegar a costa cerca de $13 billones, para lo cual el proyecto no dispuso de fuentes adicionales de recursos y conceptos emitidos por el Ministerio de Hacienda.

Esto quiere decir que el Estado consideró que no se puede poner en riesgo el sistema de salud de todos los colombianos por una pequeña parte de la población, por lo que frenó esta ley.

Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que para estas leyes se debía contar con la aprobación del Gobierno, sin embargo, no fue consultado.