Murió un recluso que esperaba fallo de tutela sobre atención médica

Este hombre fue uno de los 20 reclusos graves que encontró la Defensoría del Pueblo en ese centro de reclusión y por los cuales instauró una tutela exigiendo que se les prestara el servicio de salud. 

La acción fue concedida esta semana por el tribunal superior de Santa Marta. Mientras se tomó esa decisión, Álvaro David murió.

José Manuel Díaz, defensor delegado para el sector penitenciario, dijo que "exámenes médicos, radiografías, consultas con especialistas y procedimientos quirúrgicos; sencillamente desde hace cuatro meses los reclusos no tenían acceso a ninguno de esos servicios y si esto fuera poco el personal médico asistencial dentro de la cárcel también se vio disminuido".

La cárcel Rodrigo Bastidas es la es la segunda más hacinada del país. Tiene un cupo para 312 internos, pero hoy tiene una ocupación de 1.513. Esto significa un hacinamiento del 384 %.

Lo más grave es que esta situación se repite en casi todos los centros carcelarios del país.

"La mayor parte de los centros de reclusión carecen de red hospitalaria externa y en muchos casos se han suspendido los servicios médicos al interior de las cárceles", dijo Díaz.

La principal razón de la mala prestación del servicio de salud es que ninguna IPS quería contratar con Caprecom. Esta semana el fondo de atención en salud para la población privada de la libertad decidió que a partir de mañana contratará directamente.