Informe especial: La economía de la coca en el municipio de El Tarra

Era 5 de julio, la noticia le llegó a la inspectora de El Tarra. Había un cuerpo tirado en el sitio conocido como 'El 92'. En este municipio se identifican los caseríos y las veredas con el número del kilómetro de la carretera que en papeles del Gobierno es una vía nacional.

Allí  mismo se realizó el levantamiento del cuerpo. Era un joven que muchos conocían desde hace años, pero se había ido hace un par de meses por orden del EPL.

Desde hace varios meses, el frente Libardo Mora Toro expulsó a las personas que llevaban menos de cinco años viviendo en la zona rural de El Tarra. 

La orden era perentoria, debían salir antes de 24 horas; para quienes tenían cultivos, el plazo apenas era de tres días.

El joven que apareció muerto cometió el error de volver a cobrar una deuda pendiente, el precio que pagó fue la muerte.

Como ésta, hay varias acciones que ha tomado el EPL este año para interferir directamente en las comunidades. Han reunido a las Juntas de Acción Comunal  y están imponiendo ciertas normas entre los patrones de las fincas cocaleras y los 'raspachines'.

Hace cinco semanas, unos hombres de esa guerrilla se llevaron al registrador del pueblo. Estaba en un sitio público y lo obligaron a irse en una motocicleta; la reunión se extendió por siete horas.

No son las únicas reglas. En El Tarra, por orden de las Farc, no hay prostíbulos; una situación poco común en un pueblo cocalero.

Para ejercer su trabajo, las mujeres estaban alquilando casas completas y hacían uso de las habitaciones, pero la guerrilla ordenó el cierre de un par de ellas hace unas semanas.  Las Juntas de Acción Comunal han expresado su rechazo a estas decisiones, pero hasta hoy no han tenido eco dentro del grupo armado ilegal. 

Además están algunas decisiones respecto a los niños. En uno de los corregimientos los habitantes se enfrentaron a las Farc porque iban a reclutar a un grupo de menores.

José de los Santos Pedraza, presidente de la Junta de Acción Comunal del Filo Gringo, aseguró que "a través de la familia nos enteramos y buscamos las formas para hablar con el que nos encontráramos e hicimos un escándalo".

Agregó que "cuando ese escándalo se dio en la región, inmediatamente los niños fueron devueltos".

En esta ocasión lograron frenar el reclutamiento forzado, pero a los organismos de derechos humanos han llegado informes sobre algunas fincas a donde el ELN lleva a los muchachos que supuestamente tienen mal comportamiento, y otros  casos en que obligan a sus padres a entregarlos.

Nelson Arévalo, representante a la Junta de la vereda Motilandia, dijo que "ese caso por la defensoría no ha sido muy evidenciado porque se maneja muy calladamente en el Catatumbo". 

Aunque estas decisiones son nuevas, lo que no es nuevo es que la comunidad de El Tarra deba someterse a muchas normas de comportamiento por parte de la guerrilla.

Gladys Sánchez, representante de la Junta de la vereda Motilandia, afirmó que "no somos libres a pesar de lo que tenemos. Todo es horario limitado y todo tiene que ser coordinado".

Al igual que en el resto de la región del Catatumbo, también terminan afectados por las acciones de la guerrilla contra la fuerza pública.

Prudencio Claro Guerrero, representante de piscicultores de El Tarra, dijo que "ha habido explosivos, cilindros y ataques de la guerrilla hacia la base militar entonces eso se nos ha hecho bastante dificultoso".

Esos artefactos han caído sobre las fincas donde se desarrolla un proyecto piscicultor que ha ganado beneficios del ministerio de agricultura.

En este caso son decenas de familias las que han tenido que desplazarse en varias ocasiones, y aunque ya volvieron siguen viviendo en la zozobra por cualquier ataque de la guerrilla.

No se oponen a la presencia del Ejército, pero le piden que se mueva hacia un sitio distante de la zona más poblada de la vereda.