Secretaría de Gobierno de Bogotá pidió investigar alcaldías locales de administración pasada

Uno de los casos que más llama la atención de las autoridades es el que se presentó en la Alcaldía de Fontibón, a través de la figura de convenios inter-administrativos, se adjudicaron cerca de 20.000 millones de pesos a una asociación de universidades públicas para arreglar vías, el espacio público y un parque de la localidad. Sin embargo, estas universidades no tienen ni la experiencia, ni la idoneidad para realizar dichas obras.

"El día 30 de diciembre, un día antes de que terminara la administración anterior la alcaldesa local de Fontibón, que por su puesto removimos del cargo, firmó un convenio inter-administrativo con el sistema universitario del Eje Cafetero, por un monto cercano a los 20.000 millones de pesos, 19.000 millones de pesos, para realizar una obra pública”, reveló Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.

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El contrato que denuncia el secretario de Gobierno de Bogotá, tenía como objeto intervenir la malla vial, el espacio público y la plaza fundacional de la localidad de Fontibón. Según la veeduría, las universidades tecnológicas de Pereira y del Quindío, a las que se le entregó a dedo este millonario contrato, no son idóneas para realizar dichas obras de infraestructura.

"Se acuerda un pago del 50%, cerca de 10.000 millones de pesos, solamente con la presentación de un plan de trabajo, sin una unidad de ejecución, sin un centímetro de obra”, advirtió Bayron Valdivieso, veedor delegado para la contratación.

Todo contrato, financiado con recursos públicos, debe publicarse en el Secop, el Sistema Electrónico de Contratación Pública máximo tres días después de haberse celebrado. Sin embargo, solo fue subida a la plataforma hasta el 16 de enero de este año.

Valdivieso aseguró: "Medio mes con el contrato en el oscurantismo, sin saber nada del contrato, un día antes de pretender girar los recursos”. 

Estas, hacen parte de un rosario de irregularidades por las que ha sido investigada Johanna Bocanegra, quien fungió como alcaldesa de la localidad de Fontibón durante la pasada administración distrital.

En el 2017, un contrato con Fonade, donde presuntamente hubo una mala ejecución de recursos públicos, la puso bajo la lupa de la Personería, y le costó su destitución en primera instancia.

Pero, una serie de jugadas jurídicas dilataron el proceso y logró mantenerse en el cargo hasta el pasado 31 de enero.

Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá, se refirió al tema:

"Entre enero del 2018 y diciembre del 2018 se le libraron 31 citaciones para que en audiencia pública pudiera presentar los descargos. De esas 31 citaciones a 14 no se presentó, en 12 hizo cambio de apoderado para dilatar mucho más el proceso, en dos oportunidades presentó incapacidad sin una justificación”. 

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Sobre el representante legal de ‘Sueje’, llamado así por las siglas del sistema universitario del Eje Cafetero, también hay un gran manto oscuro.

Antes esta asociación de universidades públicas era conocida como ‘Red Alma Mater’, vinculada a varios escándalos de contratos con la secretaría de Educación, durante la administración de Samuel Moreno, y en el 2013 con el ICBF.

Noticias RCN buscó a la exalcaldesa acusada por estas irregularidades y no pudo obtener su versión de los hechos.

Lo cierto es que hoy, luego de las investigaciones realizadas por la Personería, la Contraloría, la Veeduría y la Unidad de Información y Análisis Financiero, el abono de 9.500 millones de pesos que la exalcaldesa de Fontibón, Johanna Bocanegra, se comprometió a darle al sistema universitario del Eje Cafetero, fue suspendido. Sin embargo, aún el contrato sigue vigente. 

La Fiscalía ya abrió un proceso penal en contra de la exfuncionaria.