Alertan sobre proyecto de baldíos que presentó el Gobierno

Es la quinta vez que el Gobierno Nacional presenta el proyecto de reforma de baldíos en el Congreso. En este nuevo intento se propone la creación de una figura llamada "zonas de interés de desarrollo social y económico", que básicamente es la autorización para que empresas nacionales y extranjeras puedan explotar las zonas que hoy son baldías y por lo tanto propiedad de la Nación.

Los expertos en el tema creen que se trata de un retroceso en el intento de entregar tierra a los campesinos más pobres para que la trabajen.

"Legaliza el acaparamiento de extensiones de tierra a gran escala en proyectos de agroindustria", señaló Jennifer Mojica, exdirectora de tierras del Incoder.  

Especialmente después de los escándalos por acumulación indebida de baldíos por parte de grandes empresarios como Riopaila, Manuelita e Indupalma, y 10 empresas más que la Contraloría calificó como detrimento patrimonial.

"Esta ley lo que haría sería sanear esa práctica y ayudar a que se pueda incrementar, ampliar", indicó Aída Pesquera, directora de Oxfan.  

El proyecto contempla además que las empresas inversionistas serían las operadoras de todo el proceso productivo.

"Es el empresario el que impone las condiciones a quien vincula a este proyecto, es decir, la población rural excluida es una vez más excluida y vulnerada", agregó Jennifer Mojica.

"Las tierras baldías sobre las que van a caer son altamente improductivas y muy difíciles de comercializar los productos que eventualmente allí se van a elaborar. Lo que se está fraguando aquí es un acaparamiento y un robo", manifestó Aurelio Suárez, analista económico. 

Y con esto disminuyen las posibilidades para los campesinos, indígenas y afros de obtener tierras para trabajar.

"El Estado colombiano tiene que tener un orden de prioridades: restituir las tierras robadas, dar tierra a quien no la tiene, y por eso nos parece cuestionable que los baldíos, que son tierras que se pueden destinar al campesinado, a ampliar resguardos, a sanear resguardos, a ampliar territorios colectivos, se pretendan entregar básicamente a proyectos empresariales", dice Marco Romero, director de Codhes. 

Para los campesinos, la aprobación de esta ley sería un nuevo golpe al sector agrario.

"Los campesinos y trabajadores rurales que aspiren a ser dueños de un pedazo de tierra quedan prácticamente sin ninguna posibilidad", señala Óscar Gutiérrez, representante de Dignidad Agropecuaria. 

"Nosotros pensamos que esta ley permitirá incrementar la acumulación de tierras en manos de unos cuantos poderosos", opina Jairo Chamorro, representante de Dignidad Papera.

El proyecto de ley se encuentra en estudio en la Comisión V de la Cámara de Representantes.

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