Colegio de Abogados Penalistas rechazó acuerdo de requisitos para teletrabajo en rama judicial, ¿por qué?

Desde que la pandemia de coronavirus cambió las formas de vivir para todo el mundo, la virtualidad, que inició como una forma de continuar con las actividades diarias de las personas, se convirtió en una alternativa permanente para muchos sectores. Una de ellos es la rama judicial, que permitió a sus funcionarios ejercer labores de forma remota y no necesariamente desde un despacho.

La decisión vino por parte del Consejo Superior de la Judicatura que estableció que a partir del 23 de enero entraría en vigencia. En un acuerdo firmado se establecen las reglas y quienes podrán acceder a la virtualidad, también las condiciones para permitirlo.

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El acuerdo estipula que la presencialidad debe garantizarse al menos el 50% de la semana, y además los funcionarios deben estar en un lugar donde las herramientas tecnológicas sean óptimas. Para jueces, magistrados de tribunal y empleados jurisdiccionales, el teletrabajo será de hasta tres días a la semana. Mientras que los magistrados de los consejos seccionales, directores seccionales y directores de la unidad y de oficinas del Consejo Superior y de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial harán sus labores presencialmente. Los demás podrán tener solo dos días de labores virtuales. Adicionalmente, los empleados que pueden tener el beneficio deben llevar mínimo 1 año de trabajo en la entidad.

Aunque se establecen las anteriores condiciones, también se estipula que los despachos judiciales deben garantizar que el 50% de los empleados vayan presencialmente.

¿Qué responden los funcionarios?

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se pronunció al respecto y señaló que rechaza el acuerdo “que pretende, de manera develada, el regreso a la presencialidad en la Justicia, además de constituir una clara violación a los derechos de los servidores de la Rama Judicial, así como de funcionarios y abogados”, se lee en un comunicado.

Lo que argumenta la entidad es que en dicho acuerdo, la virtualidad es vista como un beneficio, no como un derecho. “Establece una serie de requisitos para que el servidor pueda acceder, estos son imposibles de cumplir y en el evento en que alguien los satisfaga, tomará tal cantidad de tiempo viabilizar esta situación”. Desde este sectorconsideran que el acuerdo busca que los funcionarios vuelvan a la presencialidad.

Uno de los puntos que el colegio refuta es que los requisitos incluyen un periodo de tiempo mínimo, un historial de desempeño y un cumplimiento de las metas establecidas que “difícilmente se logran en el país”. También que la decisión recae en el nominador, quien determina quienes pueden teletrabajar y quienes no. Según la entidad, esto “conducirá al deterioro del ya difícil ambiente laboral en los despachos judiciales y al consabido “o todos en el suelo, o todos en la cama”.

El argumento de los funcionarios que rechazaron el acuerdo es que, al volver a los despachos, en donde el internet es precario, se ven obligados a cancelar audiencias o conminar a las partes a comparecer a las audiencias judiciales, “con lo que agoniza la virtualidad”.

Finalmente, el Colegio de abogados calificó el acuerdo de “ilegal y contrario a los derechos fundamentales, a la igualdad de los Judiciales” y señaló que interpondrá en su contra las acciones legales necesarias.

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