Disturbios en Cali por el desalojo de más de 1.500 familias que vivían en un predio invadido

Una delicada situación de orden público se vivió este jueves desde la mañana en el corregimiento de Navarro, al oriente de Cali, en donde se llevó a cabo un desalojo por parte de la Policía a un predio de 30 hectáreas que estaba ocupado de manera ilegal desde hace año y medio. 

El terreno es de la hacienda Aldovea, en donde las autoridades calculan que vivían poco más de 1.500 familias. La invasión empezó en mayo de 2021 en el marco del paro nacional y aseguran que desde entonces, cada semana llega más gente. 

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La Policía tuvo que recorrer casi un kilómetro para llegar a la concentración de viviendas de invasión, que fueron destruidas y convertidas en escombros luego de la intervención en la bombas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a la gente. Los habitantes del sector trataron de impedir el actuar de las autoridades en varias oportunidades, por lo que se desencadenaron escaramuzas y tiraron piedras a uniformados y funcionarios de las siete secretarías de la alcaldía que han hecho presencia. 

"Nosotros habíamos caracterizado alrededor de 1032 techos en Aldovea II,  ACÁ se caracterizaron 50 techos y había 50 o100 techos más la semana pasada, los demás eran cerca de 600 lotes", dijo César Augusto Lemos, subsecretario de Servicios de Acceso a la Justicia. 

La secretaría de vivienda adelantó un censo que aún no termina, un gran número de ocupantes al parecer ya tenía donde vivir. "Aparecían en bases de catastro como propietarios de bienes inmuebles, en base de datos de subsidio familiar como subsidio que indica que tiene un ingreso estable, aparecían también en bases con ayuda del estado en calidad de víctimas", añadió Lemos. 

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Entre otras irregularidades, la invasión es patrullada en las noches por civiles armados, así lo aseguró César Augusto Lemos. "Estás son empresas organizadas del delito que han hecho de esa actividad una opción bastante lucrativa, no solamente vende lote sino que también venden materiales, cobran vigilancia con radio y armada en el sitio, instalan  servicios públicos con conexiones ilegales". 

El accionar de las autoridades este jueves se dio en razón al cumplimiento de una orden de desalojo que fue emitida en agosto del año pasado por el corregidor de Navarro, quien solicitó la medida de restitución. 

"Hay algunos compañeros que tienen año y medio, año y tres meses. Yo tengo un año con mis niños y así tratando de luchar por ellos, es muy difícil vivir en la ciudad. Por eso no queremos que nos quiten lo oportunidad de tener una casa acá", reveló Camila Vives, habitante de la invasión. 

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