Aumento de intentos de desplazamientos forzados en Colombia preocupan a la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el considerable aumento de los desplazamientos forzados en Colombia y pide al Estado que adopte las medidas necesarias para prevenir esta problemática, además de garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas. 

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El Estado ya ha hecho frente a la situación del desplazamiento y la Comisión lo reconoció a través de dos medidas fundamentales como:

1. "Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana": esta medida tiene como objetivo el fortalecimiento de la Policía y las Fuerzas Militares para contrarrestar la inseguridad y mejorar la convivencia en zonas donde hay mayor concentración de grupos armados.
2.  "Estrategia de Protección para poblaciones vulnerables"(ESPOV); y 3) el "Sistema de Alertas Tempranas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional".

Pese a los esfuerzos se ha reportado que este flagelo ha aumentado de manera considerable. Colombia sigue encabezando la lista con el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo, pues cerró 2020 con 8,3 millones de víctimas, según el informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Asimismo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que entre enero y agosto de 2021, la cantidad de desplazados aumentó un 135% a comparación del año anterior. Es decir, que en este periodo más de 57.100 personas habrían vivido esta situación, principalmente por amenazas de grupos armados.

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Cifras de la Defensoría del Pueblo dejan en evidencia que durante el primer semestre de este año se habrían presentado 102 eventos de desplazamiento masivo donde 44.290 personas fueron víctimas. La entidad también señaló que se duplicó el número de estos eventos a comparación del año pasado.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas, los desplazamientos tuvieron lugar principalmente en los municipios de Roberto Payán y Magüí, en Nariño; Argelia, Cauca; Cáceres e Ituango en Antioquia; Buenaventura, Valle del Cauca, entre otros departamentos ubicados en la Costa Pacífica y noroccidental del país. 

Los ciudadanos también manifiestan su preocupación por los desplazamientos ocurridos en los municipios de Santa Rosa, departamento de Bolívar y del Chocó.

La magnitud del desplazamiento familiar e individual, dejan al descubierto la preocupación de la CIDH, ya que mencionan que por la naturaleza de este fenómeno es difícil registrarlo a comparación de los desplazamientos masivos. Por otro lado, las organizaciones civiles manifestaron que la respuesta del Estado no garantiza una efectiva protección de los derechos de las víctimas.

Asimismo, la Comisión recibió información sobre los escasos avances e implementaciones del Acuerdo de Paz, especialmente en los componentes donde se propone mitigar las estructuras de violencia a través de la sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo económico con enfoque territorial.

Según la Defensoría, los colectivos más afectados por este flagelo son aquellos que representan una situación de vulneración histórica como las comunidades indígenas y afrodescendientes en un 59% de los casos, y los campesinos.

Del mismo modo, la Corte Constitucional de Colombia, informó sobre el riesgo que corren las mujeres por su condición de género al ser víctimas de los desplazamientos y aseguró que están expuestas a más casos de violencia, explotación, abuso sexual, esclavización para ejercer labores domesticas, reclutamiento de hijos e hijas y los obstáculos en la protección de su patrimonio.

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Frente a esta problemática, la CIDHresalta que los desplazamientos forzados son una constante vulneración a los derechos humanos, por ello se le pide al Estado colombiano cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Prevenir el desplazamiento.
2.  Proteger y brindar asistencia durante esa situación.
3. Prestar y facilitar la asistencia humanitaria.
4. Adoptar medidas de retorno, reasentamiento o reintegración local, en condiciones de seguridad.
5. Garantizar que toda medida que se adopte para la protección de los derechos de las víctimas incorpore el enfoque de género y diversidad, y considere las necesidades y los impactos específicos para los grupos en situación de discriminación histórica. 

Finalmente, la entidad afirmó que el Estado debe realizar medidas enfocadas en elInforme Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia y reiteró en acciones tales como:

1. Adoptar las medidas necesarias para prevenir el desplazamiento forzado, con perspectiva de género y enfoques diferenciados
2. Implementar las medidas pertinentes para garantizar protección y seguridad a las personas que retornan a los territorios de los cuales fueron desplazadas, incluyendo el desminado de los territorios
3. Avanzar en la judicialización de los casos de desplazamiento forzado, a fin de contribuir con su visibilización.