Fiscalía deberá pagar a familias de civiles señalados injustamente de ser de las Farc

El Consejo de Estado determinó que la Fiscalía General de la Nación deberá pagar más de 770 millones de pesos a las familias de nueve personas que fueron señaladas de colaborar con las extintas Farc. Adicionalmente, el ente investigador deberá emitir un comunicado ofreciendo excusas a las víctimas.

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La demanda fue interpuesta por los nueve procesados y sus familias, en ejercicio del medio de control de reparación directa por medio del cual buscaban obtener un resarcimiento económico de más de 12.300 millones de pesos.

A su juicio, la detención de estas personas fue injusta y habría causado un daño que no estaban en el deber jurídico de resistir.

Estas personas acusadas aparecían en un informe del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), en el que eran señaladas de colaborar con el frente 51 de las extintas Farc. Así las cosas, fueron detenidos el 12 de mayo de 2004 y presentados por el Ejército como presuntos integrantes del grupo armado.

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Recuperaron su libertad el 31 de mayo siguiente, pues no se les impuso medida de aseguramiento. Finalmente, el 5 de abril del 2005 precluyó la investigación a favor de los procesados.

A pesar de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones en primera instancia, los demandantes apelaron la decisión y señalaron que la Fiscalía se basó en un informe de inteligencia que contenía datos equivocados y testimonios poco creíbles.

“Se afirmó en la sentencia que las víctimas fueron expuestas ante medios de comunicación con material de guerra que ni siquiera le incautó”, detalla un documento.

El Consejo de Estado concedió las pretensiones de la demanda, pues “las determinaciones que condujeron a la privación de la libertad de los procesados se ajustaron a derecho, pues fue con base en los testimonios allegados al caso que se les vinculó ´para que rindieran indagatoria por su presunta responsabilidad en el cargo de rebelión.

Al evidenciarse las contradicciones de los testigos, la Fiscalía se abstuvo de emitir medida de aseguramiento, como correspondía”, añadió el Consejo de Estado.

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Así las cosas, el Consejo de Estado le ordenó a la Fiscalía reparar económicamente a las víctimas y emitir un comunicado en el que les ofrezcan excusas por el daño ocasionado. La demandada y las víctimas deberán coordinar si quieren que el contenido del texto se haga público y se difunda por herramientas de telecomunicación del organismo accionado.