Colombiaseptiembre 29, 2021hace 2 meses

Condenan a 9 años de prisión e inhabilidad perpetua a exgobernador de Putumayo

El exfuncionario es señalado de tener vínculos con bandas de minería ilegal y de auspiciar contaminación de fuentes hídricas

Exgobernador de Putumayo inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicosFoto. Cámara de Representantes/ Pixabay

A través de un fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, las autoridades colombianas se pronunciaron respecto al caso del exgobernador del departamento de Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, para señalar que, tras la investigación y juicio que se surtió en su contra por, el político fue “hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros y receptación”, siendo delitos que afectan de manera grave a la Administración Pública.

En virtud de lo anterior, la Corte determinó emitir una sentencia condenatoria que establece que el exfuncionario, además de pagar una multa de cerca de 27´925.000 de pesos para reparar a su departamento, también debe cumplir con un castigo privativo de la libertad en centro carcelario.

De acuerdo con el fallo de la corte, tras la sentencia de la sala de Primera Instancia, el señalado deberá cumplir con una pena de cárcel de 119 meses y 2 días de prisión, lo que traduce en poco menos de 10 años de cárcel.

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Adicional a ello, la Corte también determinó que, en virtud de los cargos hallados, el exgobernador, será objeto de la imposición de una inhabilidad ‘perpetua’ para volver a ejercer cargos públicos en Colombia.

De acuerdo con la Corte, el exfuncionario era investigado por vínculos con grupos relacionados con la explotación ilegal minera, y por presunta permisividad frente a escenarios de contaminación de fuentes hídricas, referidas a los ríos Putumayo y Caquetá.

En el documento difundido por el alto tribunal, se señala que el también exrepresentante a la Cámara, "en 2015 llegó a un acuerdo para para integrar una organización ilegal dedicada al a extracción y comercialización ilícita de minerales, con el fin de establecer una relación comercial y contribuir a la explotación de yacimientos de oro", en referidos ríos, advirtiendo que esto configura delitos contra el medioambiente.

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De igual modo, se señala que pese a su proceedencia ilícita, "el exmandatario le compró oro en por lo menos tres oportunidades al líder de esa organización", e incluso compró maquinaria para la explotación aurifera.

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