La población raizal de San Andrés exige ser tenida en cuenta en el diferendo con Nicaragua

Líderes de la población raizal manifestaron que están siendo afectados en su derecho fundamental a la autodeterminación como pueblo étnico, amparados por el convenio 169 de la OIT y por la ley 21 de 1991, al no ser tenidos en cuenta en el diferendo entre Nicaragua y Colombia por la plataforma marítima de San Andrés.

Aseguran que ni Colombia, ni Nicaragua, ni la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya han tenido en cuenta que el archipiélago es un territorio ancestralmente habitado por "black creoles" o indígenas raizales que tienen derecho a incidir en las decisiones que se tomen sobre su territorio. (Ver también: Santos convoca "frente unido" para proteger los intereses de Colombia en el Caribe).

Denuncian además que muchos de sus líderes están siendo víctimas de amenazas y chuzadas ilegales y que temen por su integridad.

Al respecto el defensor del pueblo sostuvo que es imperativo garantizar el respeto por los derechos humanos de todos los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que actualmente se están viendo en riesgo a raíz del diferendo. (Ver también: "Colombia no seguirá compareciendo ante CIJ en asunto con Nicaragua": Santos).

La población raizal reclama posesión y protección del territorio del archipiélago de San Andrés desde hace más de 400 años, antes que Colombia y Nicaragua existieran como estados.