Las lecciones que deja el ejemplar y rápido fallo de la justicia indígena
En cuatro días los nativos juzgaron y condenaron a los guerrilleros, proceso que en la justicia ordinaria podría durar años.
Noticias RCN
noviembre 10 de 2014
02:40 p. m.
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La justicia indígena tiene tradiciones centenarias, no está sometida a la evolución de las sociedades y no está impregnada por el Derecho Internacional Humanitario. Parecería así una jurisdicción no moderna, pero este fin de semana demostró que supera en muchos aspectos la justicia ordinaria.
Los siete guerrilleros de las Farc que fueron detenidos por los indígenas Nasa después de asesinar el pasado miércoles 5 de noviembre a dos miembros de la comunidad cuando estos intentaban desmontar una valla que conmemoraba el tercer aniversario de la muerte de 'Alfonso Cano', fueron juzgados y condenados en cuatro días a 40 y 60 años de prisión, además de recibir latigazos.
Los nativos imponen sus propias leyes y el incumplimiento de estas deriva en procedimientos con los cuales juzgan y condenan a quienes infringen estas reglas. No siempre son castigados con latigazos, destierro o la cárcel, su jurisdicción también contempla que compensen o rediman los daños causados, según sea el caso.
Para expertos juristas, la rapidez con la que actuó la justicia indígena y la contundencia en los fallos es una demostración que debe aprender la justicia ordinaria, y en la cual queda evidente que sí se pueden agilizar los procesos de juzgamiento.
"Nuestra justicia debe aprender un mensaje y es que se puede fallar con más rapidez, conservando nuestro debido proceso", opina Carlos Gaviria, expresidente de la Corte Constitucional.
Se estima que para el juicio contra los siete guerrilleros, entre los que hay dos menores de edad que fueron "castigados" con 20 latigazos cada uno y serán entregados al ICBF, participaron alrededor de 5.000 integrantes de la comunidad indígena, quienes votaron en la elección de los castigos, entre los que estaban el destierro, latigazos o la cárcel.
Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Augusto Ibáñez, la condena proferida a los guerrilleros y su procedimiento puede llegar a ser interesante.
"Hay que tener un especial respeto por sus decisiones y trámites, que tienen que estar de acuerdo con la Constitución Política y las formas propias del juicio. No es descartable que sea una justicia interesante", dice Ibáñez.
En este punto es donde entra la comparación con la justicia ordinaria. Mientras en menos de una semana la justicia indígena decidió un caso con penas ejemplarizantes, en la justicia normal muchos casos parecidos incluso prescriben.
"La satisfacción de mucha gente por el fallo de la justicia indígena radica justamente en que hay una crítica muy fundada a la lentitud de la justicia ordinaria en nuestro país", asegura Carlos Gaviria.
Para expertos penalistas como Guillermo Rodríguez las lecciones que deja el fallo de los indígenas abarcan varios aspectos, uno de ellos es un llamado al Gobierno Nacional que no le presta la atención suficiente al paro judicial y por lo cual se retrasan aún más los procesos judiciales.
"La jurisdicción indígena está dándole una enseñanza importante a la justicia colombiana que hoy está en paro y el Gobierno Nacional no le está poniendo cuidado", reprocha Rodríguez.
Este fallo también pone en evidencia uno de los mayores problemas de la justicia en Colombia: la celeridad de los procesos, lo que según estudios de 'Excelencia por la Justicia' se ven reflejados en una sensación de impunidad.
"No es posible que la jurisdicción indígena salga adelante con un fallo en menos de tres días y la justicia ordinaria dura cinco y hasta diez años para un fallo. Estamos los ciudadanos inermes", ratifica el experto Guillermo Rodríguez.
Para los analistas, el fallo también deja entrever lo eficiente que es la autonomía indígena y su jurisdicción.
Precisamente, frente a esa autonomía de la justicia indígena, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, dice que la Fiscalía respeta y reconoce la pena dada a los guerrilleros de las Farc.
"Como Fiscalía General de la Nación reconocemos plenamente la jurisdicción indígena y este tipo de decisiones que se han tomado. Desde la Constitución está garantizada plenamente la autonomía e independencia de la jurisdicción indígena y la jurisdicción penal para hacer este tipo de investigaciones", asegura Perdomo.
Pero el vicefiscal también es claro en afirmar que el caso puede ser investigado por la justicia ordinaria en caso de presentarse una decisión judicial como la tutela.
"Nosotros podemos recibir alguna decisión judicial. Por ejemplo, en materia de tutela, es muy posible que se nos pida como Fiscalía empezar a revisar todo este tipo de procedimientos", recalca.
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