Colombianoviembre 06, 2022hace 3 meses

El duro golpe de la Fiscalía a la organización criminal ‘Los Tierreros’

Un total de 25 inmuebles rurales, 11 urbanos y 3 vehículos, fueron ocupados por la Fiscalía General de la Nación en diferentes ciudades del país.

La ocupación y posterior venta ilegal de tierras es todo un problema en Colombia. En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación dio un duro golpe a las finanzas de quien es considerada la mayor organización criminal que más ha invadido predios de forma ilegal, se trata de ‘Los Tierreros’ o también denominados ‘Los Topos’.

Un total de 25 inmuebles rurales, 11 urbanos y 3 vehículos, fueron ocupados por la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Hobo (Huila), Combita (Boyacá), Manizales (Caldas) y Cali (Valle del Cauca); y Villavicencio, Restrepo y Barranca de Upía (Meta).

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Bienes avaluados en más de $2.500 millones 

Luz Ángela Bahamón Flórez, delegada para las Finanzas Criminales, se manifestó al respecto indicando que:

‘‘Los activos afectados cuyo valor se calcula en 2.500 millones de pesos, fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales para su administración’’.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían involucradas en la deforestación agresiva del denominado cordón verde de Villavicencio, la venta ilegal de lotes en esta zona protegida y el desarrollo de proyectos urbanísticos ilegales.

Así mismo, la delegada para las Finanzas Criminales también indicó que esta red criminal tendría a su servicio operarios de maquinaria amarilla, topógrafos, arquitectos y un abogado que buscaba garantizar el éxito de las estafas a personas ilusionadas con adquirir un inmueble o un lote.

La investigación e información entregada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena, Cormacarena, informa que el área afectada asciende a 7,1 hectáreas, en las que fueron talados 1.164 árboles.

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Adicional a esto, las personas habrían modificado el terreno y contaminado las fuentes hídricas, entre otros graves daños al ecosistema de la región.

Los terrenos deforestados, al parecer, fueron invadidos, loteados y vendidos fraccionadamente con promesas de redes de servicios públicos. Esta actividad ilícita comercial, presuntamente, era impulsada por una supuesta asociación sin ánimo de lucro que publicitaba y ofrecía los predios para intentar dar apariencia de legalidad al proyecto.

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