Nuevo escándalo de contratación en la Cámara de Representantes

Una nueva denuncia sobre un posible caso de nómina paralela que ascendería a alrededor de 2.000  millones de pesos, se conoció en la Cámara de Representantes.

Uno de los funcionarios de la corporación, Samuel Garzón, envió un derecho de petición para conocer la cantidad de contratos hechos a la fecha por la Dirección Administrativa de la Cámara en cabeza de Gloria Inés Raigoza, y el monto al que ascienden los mismos.

"Cuando se verifica qué personal y qué contratos se dieron sobre funciones que cumple el personal de planta y eso es lo que automáticamente constituye la nómina paralela y cuando se hace un rastreo de todos los contratos, encuentra más o menos unos 2.000 millones", señaló.

Según Garzón, dentro de la contratación de la Cámara de Representantes se encontró la vinculación de tres personas que tendrían relaciones con grupos armados ilegales.

"Yo hice un rastreo de todas las personas, averigüé los nombres, consulté quiénes eran, dónde trabajaron antes y me encontré que tres de ellas podrían estar incursos en unas situaciones (relación con grupos ilegales) que fueron puestas en conocimiento. No se puede dar los nombres para preservar su integridad, hasta tanto se verifique si siguen en esas circunstancias o si ya salieron de allí", añadió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Fabio Amín, anunció que pedirá a las autoridades competentes investigar estas denuncias.

"Le voy a solicitar a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía, que sean ellos los que conformen un pequeño comité que le ponga celeridad a las investigaciones frente a la posibilidad de que existan contrataciones innecesarias al interior de la Cámara de Representantes", anotó.

Según Amín, la Directora Administrativa de la Cámara ya había interpuesto una denuncia disciplinaria en contra del funcionario Samuel Garzón, desde hace algunos años.

El presidente de la Cámara dijo que ya se están aplicando medidas de austeridad en la corporación y se devolverán alrededor de 18 mil millones de pesos al tesoro nacional que no fueron invertidos.