Objeciones a ley estatutaria de la JEP se han dado en el marco de la legalidad: Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió en defensa de las objeciones del presidente Iván Duque a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP.

Ramírez aseguró que las objeciones por inconveniencia hacen parte de las facultades constitucionales del presidente y desestimó que lo hecho por el Ejecutivo represente un desacato o un choque de trenes como ha manifestado la oposición.

"Es importante tener en cuenta que, como ha manifestado la Corte Constitucional, las objeciones por inconveniencia se constituyen en un mecanismo de control político legítimo que ejerce el Presidente respecto del Legislador”, indicó Ramírez.

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La Vicepresidencia reiteró que las objeciones buscan "profundizar la democracia, la defensa de los derechos de las víctimas, la necesidad de lograr justicia en la investigación y sanción de delitos graves, y el mensaje a la sociedad de que el incumplimiento del acuerdo y la persistencia en el delito no será objeto de beneficios".

Ramírez aseguró que será el Congreso el órgano encargado de considerar las objeciones y que luego de esto la ley estatutaria pasará de nuevo a la Corte Constitucional que dará su última palabra.

En la alocución de ayer, la oposición aseguró que las objeciones del Gobierno ya fueron aclaradas por la Corte Constitucional y que lo que ha hecho Duque es desacatar una sentencia del alto tribunal.

La Vicepresidencia considera que es desacertado consultar a la Corte Constitucional respecto del trámite de las objeciones por inconveniencia, toda vez que el procedimiento previsto para ese efecto está suficientemente descrito en la Constitución y en la ley.

Esto luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, pidiera a ese tribunal hacer claridad de si el Congreso debe debatir tales objeciones.

Sobre la confusión que ha generado la posibilidad de que las dos Cámaras no se pongan de acuerdo sobre las objeciones, Ramírez enfatizó que no es cierto que deba archivarse todo el proyecto.

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"Es totalmente falso que si no hay acuerdo entre las dos Cámaras sobre las objeciones, deba archivarse la totalidad del proyecto, (…) existe jurisprudencia constitucional sobre la posibilidad de disponer el archivo parcial de alguno de los artículos en los cuales no haya una posición de consenso”, manifestó.

Por último, Ramírez aclaró que las observaciones del Gobierno no buscan no buscan ni tienen el efecto de bloquear la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

"Las objeciones parciales son, como su nombre lo indica, parciales y hacen referencia a 6 de los 159 artículos que el proyecto de ley contiene y el país bien conoce, con los cuales se busca lograr una paz bien hecha, que proteja los derechos de los menores, asegure los derechos de las víctimas y proteja los mecanismos de cooperación judicial".

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