Gremios y organizaciones privadas preparan comunicado pidiendo debate garantista en la reforma a la salud

La Asociación Nacional de Industriales prepara un comunicado junto a otras varias organizaciones y gremios en el que le piden al Gobierno que el debate sobre la reforma a la salud sea más democrático y concertado con los actores de interés en el sector.

La ministra Carolina Corcho ha venido realizando varias reuniones con sindicatos en las instalaciones de su cartera para preparar respaldo a la radicación de la reforma. De acuerdo con fuentes del sector, la reforma traería la intención clara de quitarles a las EPS buena parte de la administración de los recursos públicos del sistema, para que estos sean girados directamente a las clínicas y hospitales. 

En el comunicado que preparan los industriales le piden al Gobierno garantías para que la reforma sea discutida previamente, antes de que se radique en sesiones extraordinarias en el Congreso, y pueda terminar en beneficios reales para los pacientes.

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Los argumentos del Gobierno en la reforma a la salud 

Desde campaña el presidente Gustavo Petro señaló en su plan de Gobierno una reforma estructural al sistema de salud y al sistema de pensiones. En ambas apuestas los cambios son de fondo y se llevarán la atención de la agenda legislativa durante 2023. El Gobierno propone que las EPS, hoy aseguradoras, no continúen administrando los recursos que el Gobierno destina para cada paciente que está afiliado en los regímenes subsidiado y contributivo. Estos montos se conocen como la Unidad de Pago por Capitación y son transferidos a las aseguradoras como un pago mensual por cada afiliado. Las EPS utilizan esos recursos para contratar servicios directamente con hospitales públicos o privados. Y la atención se garantiza porque el pago mensual es fijo, aunque no cada paciente utilice servicios mensualmente. El esquema es el de aseguramiento. 

La discusión sobre los hospitales públicos 

Uno de los principales argumentos del Ministerio es que el esquema ha funcionado para desfinanciar hospitales públicos, porque muchos de los servicios se pagarían con hospitales que hacen parte de las redes propias de las EPS. En Colombia eso se llama integración vertical pero es permitida hasta en un 30 %. Es decir que las EPS pueden contratar servicios con sus afiliados hasta un 30% del total de contratación si se trata de sus propios hospitales. 

Al elegir privilegiar los pagos a hospitales propios, se estaría relegando de la inyección de recursos a hospitales públicos que son los que en su mayoría funcionan en las regiones. Y para el Ministerio esto significa que en muchas partes del país no se garantice atención de calidad a las personas más vulnerables.

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La idea es que las EPS no administren esos recursos, sino que pasen directamente desde el banco del sistema de salud, llamado ADRES, a los hospitales y clínicas. Además, muchas organizaciones que representan a hospitales y clínicas se quejan de una deuda progresiva de los gobiernos nacionales desde hace  años. En ese debate se habla de varias cifras que van desde los 6, 10 y 20 billones de pesos. A eso se refiere la ministra Corcho cuando señala que el sistema está desfinanciado. 

Las reuniones con los sindicalistas en el Ministerio

La ministra Corcho ha llamado a sus aliados políticos y activistas para que asistan a las instalaciones de la cartera con el fin de preparar el ambiente del debate de la reforma en el Congreso. Hay varios partidos de Gobierno que no están conformes con el cambio radical del sistema que ha funcionado en Colombia durante los últimos 20 años. Los que se oponen argumentan que volver el sistema mucho más público ya fue un experimento que no funcionó en el país antes de la activación de la ley 100. 

La posición de Alejandro Gaviria 

El ministro Alejandro Gaviria fue casi ocho años ministro de Salud en el Gobierno Santos. Y parte de la construcción del actual sistema pasó por su administración con políticas como la regulación de precios a los medicamentos y la ampliación del Plan de Beneficios en Salud. También en su cartera se dio el escándalo de Saludcoop, una de las EPS más grandes de su momento que fue intervenida por la Superintendencia de Salud, liquidada y vendida. El anterior superintendente decidió finalmente intervenir a Medimás, que fue la EPS que terminó adquiriendo los afiliados que quedaron de Saludcoop y, con ellos, los recursos que el Gobierno destinaba para su atención.

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El sistema maneja recursos millonarios y sin las EPS no estaría garantizado que tratamientos de altísimo costo para enfermedades como cáncer, VIH u otras puedan ser manejadas para pacientes sin costo. La reforma también tiene como eje transversal que haya una atención preventiva y médicos locales vayan a las casas de los pacientes para programas de prevención en enfermedades como diabetes y obesidad. 

Gaviria se ha opuesto a que la reforma cambie radicalmente el sistema y en los consejos de ministros ha pedido debate democrático y consenso.