Economíamayo 23, 2021hace 2 años

Campesinos dicen que bancos ya no les quieren dar préstamos por vivir en el Sumapaz

Una ley que fue aprobada en 2018 delimita las zonas de reserva y pone en riesgo la economía de las familias que cultivan y trabajan en la zona.

Aunque es difícil calcular, se considera que Colombia puede tener el 50% de los páramos del mundo, para el país representan el 5% del área continental y se han identificado 2,9 millones de hectáreas concentradas en 37 complejos de páramo, que proveen agua para consumo humano y actividades agropecuarias a más del 70% de la población colombiana, incluyendo a Bogotá y a otras 20 ciudades intermedias. 

En el 2018 quedó lista la ley de paramos que, entre otros aspectos, delimita la actividad extractiva en estas zonas, pero la Corte Constitucional advirtió que cuando las autoridades adopten medidas, planes, programas o proyectos, deberán consultarlo previamente con las comunidades para no vulnerar sus derechos.

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Sin embargo, la poca socialización de la ley de páramos ha traído confusión no solo entre los campesinos que habitan estas zonas protegidas sino entre el sistema financiero.

Labriegos del páramo del Sumapaz y las zonas aledañas señalan que no saben qué hacer para poder reactivarse económicamente pues afirman que los bancos no les quieren desembolsar préstamos para poder cultivar.

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La preocupación es grande entre los habitantes, señalan que al ser zona protegida no pueden realizar sus trabajos de campo.

“Ya no es zona de productividad sino es una zona de reserva, lo cual nos afecta bastante porque la zona de reserva se supone que ya no podemos producir leche, no se puede producir papá, no se puede sembrar y nosotros dependemos de ese trabajo”, dijo Paola Delgado, habitante del páramo. 

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Ante las dudas de los campesinos, el ministerio de Ambiente aclaró que lo que se prohíbe en los páramos en la actividad minera y agrícola de alto impacto, como el uso de maquinarias pesadas para arar, pesticidas o herbicidas y, por lo tanto, el sistema financiero no debería negar los créditos a los campesinos de estas zonas.

El Gobierno, acatando las recomendaciones de la Corte Constitucional, socializará con alcaldes y comunidades la implementación de la ley de páramos para evitar este tipo de confusiones que afecten la productividad de estas zonas.

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