Luis Almagro pidió a la OEA defender a un pueblo que necesita voz

"Estimo que existe una grave alteración del orden constitucional" y democrático en Venezuela, dijo Almagro ante el pleno de embajadores de los 34 países de la OEA durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, en Washington.

Almagro llamó a los países a denunciar el encarcelamiento de dirigentes opositores venezolanos y apoyar la realización de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, dos puntos que Caracas considera contenciosos.

"El Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela (...), expresarse claramente sobre los prisioneros políticos (...) y apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio", afirmó Almagro.

Almagro presentó ante los embajadores el informe que publicó a fines de mayo, y en el que describe una crisis política, constitucional, económica y humanitaria en Venezuela. "Esta crisis está alcanzando un punto crucial", dijo.

"El que debería ser uno de los países más ricos de la región se encuentra más bien enfrentando niveles de pobreza sin precedentes, una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo", añadió.

La sesión, protestada por Venezuela, fue aprobada con el voto favorable de 20 países.

Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Panamá, Paraguay, entre otros, votaron a favor.

Una docena de países, incluido Venezuela y sus aliados Bolivia y Nicaragua, votaron en contra; otros dos se abstuvieron.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, había dicho antes que con la sesión "se está dando un golpe de Estado en esta organización", tachando a Almagro de ser "parte y juez" de un proceso contra el gobierno de Maduro.

"Se pretende juzgar a un Estado miembro" de la OEA, afirmó la diplomática, quien abandonó la sala al inicio de la intervención de Almagro.

En la sesión, los países del continente deberán realizar una "apreciación colectiva" para determinar si el gobierno venezolano cumple las normas democráticas fijadas en la Carta Democrática Interamericana, un documento vinculante que faculta a la OEA a actuar en casos de "alteración del orden constitucional" en un país miembro.