Sippenhaft, la técnica de persecución usada por los Nazis que se aplicó en Venezuela

En el documento, entregado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU (Organización de Naciones Unidas), se realizaron 177 entrevistas, de las cuales varias evidenciaron abuso de poder por parte de las autoridades venezolanas.

Se pudo establecer que en 113 los 183 casos de detenciones analizados por la ONU, tanto detenidos como defensores de los acusados presentaron denuncias de violencia sexual u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Incluso, varios de los capturados comparecieron en sus audiencias con marcas claras de maltrato argumentando ser víctimas de tortura.

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Estas 183 detenciones tuvieron lugar entre 2014 y agosto de 2021, y fueron efectuadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Dicha organización, y de acuerdo con un testimonio brindado el 7 de agosto de 2020 por un detenido en la 'Operación Gedeón', fue denunciada por una víctima, quien acusó que antes de ser presentado a un juez fue sometido a torturas.

El acusado debió ser enviado a un hospital militar para ser reanimado y, de acuerdo con su versión, denunció que los agentes del DGCIM le dijeron que aplicarían el “Sippenhaft”. Después de esto, sus dos hermanos y su cuñado fueron capturados y encerrados en un calabozo por 32 días.

Sippenhaft o Sippenhaftung, traducido como 'responsabilidad familiar', es un concepto jurídico constituido durante la Alemania Nazi, en el cual la responsabilidad de un acusado por crímenes ante el Estado se heredaba automáticamentea sus parientes quienes eran arrestados, condenados o en el caso de los menores, puestos a disposición de un orfanato.

Además de los casos de abuso, fuentes internas del Gobierno venezolano afirmaron que los magistrados del Tribunal Supremo recibieron "órdenes habituales sobre cómo decidir las sentencias", y en algunos casos, de miembros de alto rango del Gobierno.

Para finalizar, en uno de los puntos del informe, de los 86 jueces que brindaron entrevistas, el 100% aseguró que el proceso de nombramiento de jueces en Venezuela no es acorde a la ley. Adicional a esto, de esa misma cantidad de togados, cerca de la mitad ha tenido que abandonar Venezuela junto a sus familiares por temor a su seguridad.

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