Pocuraduría pide a la Alcaldía de Bogotá informe sobre medidas adoptadas ante emergencia sanitaria

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Alcaldía Mayor de Bogotá que en dos días presente un informe de las acciones adoptadas para evitar que la ciudad se vea inmersa en una problemática social, ambiental y económica, por la situación que se viene presentando con los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá.

El procurador Fernando Carrillo Flórez, instó a la alcaldía a brindar respuestas concretas sobre lo que se ha estado haciendo para "reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos causados por la deficiente operación del servicio de recolección de basuras; lo cual a su vez está generando alteración de la calidad del aire, del suelo, y grandes situaciones sociales y de orden público".

Para el ente de control, la declaratoria de 'Emergencia  Sanitaria y el Estado de Prevención Ambiental o Alerta Amarilla en Bogotá', Decreto 069/2018, no exime de responsabilidad al Distrito Capital de garantizar la continuidad de los servicios públicos y evitar la "proliferación de olores ofensivos, cambio de la calidad de visual del paisaje urbano, alteración de las características físico químicas de las fuentes receptoras de vertimientos de lluvias, y posibles afectaciones de los ecosistemas".

La entidad instó a llamó a las partes para que en las próximas horas se sienten de manera urgente en una mesa de trabajo y definan una solución que respete el derecho al trabajo, la dignidad humana, la estabilidad reforzada y todas las medidas que impliquen el bienestar de los trabajadores cesantes.

El ente de control ha acompañado las mesas de trabajo lideradas por la Personería Distrital en relación con la situación laboral de 3.200 trabajadores y la imposibilidad de seguir prestando el servicio, según lo decidió el Tribunal Contencioso Administrativo de Bogotá.

Se convocó a los nuevos operadores con el fin de buscar posibles alternativas de vinculación laboral y atender los reclamando frente a una presunta vulneración al derecho al trabajo, la protección laboral y el mínimo vital, y se encontró que 2.900 plazas se ajustan a los perfiles de la población cesante.

La Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente ha estado presente en 5 sesiones de trabajo en procura de hallar soluciones viables para las partes. En las mesas también han participado funcionarios del Ministerio de Trabajo y de la Dirección Territorial Bogotá, entre otros.