Policías y militares presos iniciaron huelga de hambre para exigir beneficios de la JEP

Desde que comenzó a regir la ley 1820 de 2016, la cual concede amnistías o libertades condicionadas bajo el marco de la Justicia Especial para la Paz, las Farc han solicitado la libertad para 3.230 guerrilleros. De esas solicitudes, los jueces de ejecución de penas han concedido 1.248, lo que equivale al 38.6%.

Entre tanto, por parte de la Policía y el Ejército se han radicado 1.764 solicitudes, de las cuales los jueces han concedido 204, es decir el 11.56 por ciento.

Ante ese panorama, un grupo de militares y policías que solicitan su libertad, comenzaron una huelga de hambre argumentando que sus solicitudes de libertad condicionada al amparo de la justicia especial fueron negadas.

Según explican, 58 peticiones han recibido la negativa de los jueces de ejecución de penas, entre ellas la de los tenientes Weiman Gonzalo Navarro, Milciades Victoria Fernández y la del teniente Juan Pablo Villaquirá Parra  

El argumento que exponen los agentes del Estado es que estas cifras muestran una desventaja frente a los beneficios que han recibido los guerrilleros.

"Tienen una desventaja enorme porque unos pocos integrantes de la Fuerza Pública han salido en libertad", explica el general (r) Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc.

Entre tanto, los jueces de ejecución de penas aseguran que el trámite de guerrilleros y agentes del Estado ha sido equilibrado y prueba de ello es que no hay solicitudes represadas.

"Vemos que no  hay equidad. Favorece más a las Farc", señaló el general (r) Jaime Ruiz, presidente de Acore.

Por su parte, los jueces de ejecución de penas aseguran que el trámite de guerrilleros y agentes del Estado ha sido equilibrado y prueba de ello es que no hay solicitudes represadas.

"Si los jueces hemos estado dándole cumplimiento cabal. Nosotros estamos al día en la expectativa de la 1820 y de la 277", sostuvo Jorge Enrique Blanco, juez 24 de ejecución de penas.

Los uniformados insisten en que no han recibido los beneficios acordados en La Habana.