Senador Antonio José Correa es el primer salpicado dentro de investigación por 'mermelada'

La Fiscalía capturó a 8 personas y compulsó copias a la Corte Suprema para que se investigue al senador Antonio José Correa del partido Opción Ciudadana por el manejo de los llamados cupos indicativos.

Tras un año de investigaciones, la Fiscalía pudo establecer que uno de los alcaldes de los municipios investigados, de categoría 6 y con marcadas características de marginalidad, manifestó que en los proyectos de inversión de estos cupos sólo la mitad se queda en la región.

"Hay que pagarle un 12% al congresista, y un 30% adicional lo cobran los grupos armados irregulares de la región", manifestó uno de los alcaldes al ente investigador.

La Fiscalía conoció un convenio que se suscribió entre el alcalde de El Peñón, en el sur de Bolívar, y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética de Fútbol 11 en el barrio La Concepción de ese municipio de Categoría 6, al que sólo es posible llegar en ferry por el río Magdalena.

Según las pruebas recaudadas por los investigadores, el convenio fue priorizado en Coldeportes, por tratarse de un cupo de un Senador.

Las evidencias acopiadas indicarían que se trata del senador Antonio José Correa, actual segundo vicepresidente del Senado de la República.

La investigación da cuenta de que el señor Arling Arias, alcalde municipal, sería un servidor público cercano al senador Correa, quien, por conducto de un integrante de su unidad de trabajo legislativo, se habría puesto en contacto con el mandatario local para lograr la firma del convenio por 3.491 millones de pesos para la construcción del escenario deportivo. Los funcionarios habrían obtenido una 'coima' de este convenio.

La Fiscalía considera que el funcionario de Coldeportes plagió los diseños presentados por otro municipio, que nada tendrían que ver con las condiciones y necesidades de El Peñón, y los radicó en noviembre de 2016.

Por su parte, el alcalde del municipio habría identificado al contratista que le serviría como firmante del contrato, quien se habría comprometido a pagar una 'coima' equivalente al 12% del convenio a través del congresista y otro porcentaje para el alcalde.

En 2017, cuando fue evidente que los diseños no sirvieron, la contratista hizo un pago a funcionarios de Coldeportes para que ajustaran los diseños y viabilizaran técnicamente el proyecto. Aunque se hizo el pago, los diseños jamás fueron ajustados.

Ante la urgencia de aprobar los proyectos antes de que entrara en vigencia la ley de garantías, un funcionario de Coldeportes viabilizó el proyecto a pesar de tener diseños inadecuados. Este funcionario también habría recibido dinero a cambio y, posteriormente, fue nombrado supervisor del contrato.

De esta forma, aunque se pasaron por alto todas las reglas de la contratación pública, se obtuvo el radicado ante Coldeportes, con el fin de viabilizar el cupo indicativo del Senador.

En mayo de 2018 se suscribió el contrato entre la alcaldía de El Peñón y el Consorcio El Peñón, conociendo los contratistas que el proyecto aún no contaba con los diseños requeridos.

Las investigaciones permitieron determinar que el pago del 12% para el congresista Correa se habría convenido en dos contados: 60% de la 'coima' al inicio de la gestión y el 40% restante al momento de la firma del convenio.

Todos los pagos se habrían efectuado en efectivo para evadir los controles.

Por los hechos fue capturado Arling Arias García, alcalde de El Peñón, la asesora del senador Correa y tres funcionarios de Coldeportes.

El fiscal de conocimiento ha decidido compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que se indaguen las presuntas conductas irregulares en que habría incurrido el senador Antonio José Correa.

También se compulsaron copias ante la Procuraduría para que se adelanten las sanciones disciplinarias a las que haya lugar.

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