Aumentan homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos
En las últimas dos semanas fueron asesinados cuatro indígenas Awá en Nariño y hubo seis asesinatos en el departamento del Cauca. Piden al Gobierno que los proteja, pero más allá, denuncian que la Fiscalía no es eficaz en las investigaciones.
La Fiscalía tiene abiertas 729 investigaciones por crímenes de este tipo, de las cuales 49 ocurrieron entre enero y agosto de 2016.
Hasta marzo ya habían asesinado a 19 en varias regiones del país. En ese momento, el Gobierno creó una comisión de alto nivel, pero los resultados de las investigaciones de la Fiscalía hasta ahora son nulos.
“Podemos hablar de un 95 por ciento de la impunidad en las investigaciones”, afirmó Diana Sánchez, coordinadora de ‘Somos Defensores’.
Las diferentes organizaciones que trabajan con los derechos humanos coinciden en que la Fiscalía no tiene una metodología para realizar este tipo de investigaciones y por eso no llega a los verdaderos responsables.
“No alcanza la voluntad política desde arriba sino que tiene que haber inclusive cambios de metodológica. Quienes denuncian la corrupción, la minería ilegal, defienden el territorio, defienden la naturaleza, ellos tienen que ser protegidos por su acción”, señaló Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto del Alto Comisionado de la ONU.
El mayor temor es por el cambio de ‘modus operandi’ en los asesinatos.
“Estamos entrando en una etapa compleja en la que van a haber este tipo de asesinatos selectivos, como el de Cecilia que ocurrió con arma blanca. Seguramente vamos a vernos sometidos a situaciones que querrán presentar como delitos pasionales o comunes”, aseguró Luis Fernando Arias, consejero Mayor ONIC.
La ONU advirtió que el número de asesinatos no ha disminuido, pero sí lo ha hecho el origen de las amenazas. Ya no tienen que ver con el conflicto armado.
“Hay un número indeterminado de economías ilegales y rentísticas en los territorios que finalmente son las que tienen el poder y esos grupos son los que finalmente deciden quién vive y quién no vive”, añadió Sánchez.
Hacen el llamado para que el Gobierno cumpla los compromisos y proteja a los líderes, no solo en las regiones donde estarán ubicadas las zonas de concentración y con algo mucho más efectivo que un chaleco antibalas.