Contraloría encuentra irregularidades en programa de reparación a las víctimas del conflicto

Una auditoría de la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) evidenció que algunos pagos de indemnizaciones o ayudas humanitarias destinados a las víctimas fueron entregados de manera indebida a terceras personas.

Según el organismo, se presentaron debilidades en el registro y en el cruce de información y posibles conductas de orden penal, como falsificación de documentos.

La Contraloría encontró además debilidades en la administración de los bienes destinados a la reparación de las víctimas por parte de la UARIV, donde se destacan las referidas al manejo de los proyectos productivos, que han mostrado escasa rentabilidad, acumulando en algunos casos pérdidas cercanas a los $2.000 millones de pesos.

El organismo de control advirtió que muchos de los bienes que fueron recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) no pertenecían a los victimarios, por lo que han debido restituirse.

Se trata de 70 inmuebles que habían sido entregados por los Bloques: Cacique Nutibara de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba, la Casa Castaño y Tolima de las ACCU, con lo que se evidencian las debilidades del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz.

En la auditoría financiera, se encontró que la UARIV llevó a su pasivo una suma cercana a los $1,5 billones de pesos, cuando la misma, de acuerdo con las sentencias de Justicia y Paz, debe ser pagada por los victimarios y no por el Estado.

También se encontró que, de los 1.027 inmuebles bajo custodia del Fondo, el 58%, en su mayoría rurales, se encontraban sin administración y por tanto con riesgo de pérdida en su vocación reparadora.

La Contraloría pidió mejorar las herramientas legales y financieras para sanear física, económica, jurídica y fiscalmente los inmuebles que hacen parte del Fondo de Reparación para mantener su vocación reparadora.

Para el ente de control, la existencia de incoherencias en el registro de solicitudes formuladas por las víctimas causa incertidumbre acerca de la gestión institucional del fondo en el último año.

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