Unidad Investigativa: en abandono permanecen las víctimas de minas antipersonal

El jueves 16 de junio del 2006, Gildardo Cifuentes prieto salió temprano de su casa, en la vereda alto Guainí, de vista hermosa (Meta) para ir a trabajar, calcula que había recorrido unos 50 metros cuando su pie izquierdo pisó una mina.

“Escuchamos la explosión y se me vino ese frío al corazón”, relató Bárbara Guevara Rodríguez, esposa de Gildardo.

Ella no se equivocó, el fragor de los combates al que tanto le temían, se materializó para su esposo en la pérdida de una pierna y heridas incapacitantes.

“Llega uno a esto, con media vida, sin visión, sin poder oír, el dolor en la rodilla”, dice Gildardo al expresar su dolor.

En cada gesto se palpa el dolor de quien repentinamente se vio convertido en víctima de la guerra y su demencia, y también del abandono del Estado.

“Mi familia y yo hemos pasado una situación muy difícil, abandonados en salud, en no tener una vivienda digna”.

Todo es aún más triste cuando Gildardo Cifuentes recuerda quién era antes de pisar la mina.

“Yo era un campesino, agricultor, cultivaba mi maíz, tenía mis marranos, teníamos pollos, íbamos muy bien”, explica Gildardo.

Para atender las 10 cirugías a las que fue sometido y otros tratamientos, se trasladaron a Villavicencio. A él la fuerza le alcanza para vender helados y la mayor parte de la manutención del hogar recae en su esposa. A los dos les cuesta trabajo hablar de la pobreza extrema que afrontan.

“Yo lloro, pienso mucho en mi vida, no sé qué hacer al no tener recursos”, afirma.

No ha recibido un peso de pensión, pese a que la ley 418 de 1997 dispuso ese derecho para las víctimas del conflicto armado que perdieron 50% o más de su capacidad laboral.

La junta de calificación que lo evaluó determinó que perdió casi el 68%.

“Ya llevo 12 años haciéndole papeles por todo lado, pero ha sido nulo, la junta de calificación me dio 67,7%”.

La atención médica que recibió sin trabas en los primeros años, se convirtió en otro problema.

“La salud es otro hecho revictimizante. La prótesis lleva 5 años, está dañada, estoy enfermo de la columna, no valen las tutelas, los desacatos, se burlan de nosotros”, comenta indignado Gildardo.

Así les ocurre a muchas de las 4.453 víctimas civiles de minas antipersonal que dejó el conflicto entre 1990 y el pasado 31 de marzo.

Gildardo y su esposa intentan no dejarse arrinconar por tantas dificultades. Están dispuestos a continuar en la búsqueda de la pensión y de lo que saben que les corresponde.

“Seguiré luchando para que mi esposo consiga lo que le pertenece, porque por culpa del Estado nosotros estamos así”, sentencia Bárbara Guevara.

Son 4. 500 víctimas, civiles inocentes que resultaron mutilados por estas armas no convencionales, que les dejaron secuelas imborrables. Actualmente exigen atención del Estado porque se sienten discriminados. Aquí están los ‘sobrevivientes invisibles’.

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