Continúa la polémica por millonario contrato de primera dama de Cartagena

La Contraloría Distrital aperturó juicio de responsabilidad fiscal por presunto detrimento patrimonial en contra de Cartagena por la contratación, con un salario que supera los siete millones de pesos mensuales, de Cynthia Pérez Amador, quien no tiene títulos profesionales y por su formación académica, debería estar en un rango salarial de $2’200.000. También se investiga la presunta entrega por parte de la primera dama de la ciudad de un certificado laboral que sería falso para aspirar al cargo.  

La polémica que se convirtió en tema de discusión en toda Cartagena apunta a que el alcalde William Dau, quien no tiene esposa, contrató a su mano derecha en la campaña, Cynthia Pérez Amador, como primera dama del Distrito, con el máximo monto salarial permitido, cuando ella no cumple con el perfil profesional, para ostentar dicho salario.  

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A pesar de las críticas y del informe entregado por la Contraloría, el mandatario local defiende su decisión bajo el argumento de entera confianza sobre la primera dama distrital y asegura que su contratación se hizo bajo la figura legal de “contrato de altísima confidencialidad”.

“Cynthia es la persona en quien más confío en esta administración, es una persona muy valiosa, independientemente de que no tenga los títulos que requerirían para una O.P.S. de alto valor; ella cumple de sobra con los requisitos para un contrato de alta confianza”, argumentó el burgomaestre. 

Al capítulo por la polémica contratación, se suma que la primera dama habría entregado junto a su hoja de vida un certificado laboral por diez años de servicio a una empresa de asesorías jurídicas, cuya firma habría sido falsificada.  

“La Fiscalía asignó una noticia criminal para investigar los presuntos delitos de falsedad en documento privado, dentro de la misma actuación que se sigue por la acreditación de un certificado, que presuntamente es falso”, aseguró Erick Urueta, presidente de la Veeduría de la Rama Judicial. 

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El alcalde, por su parte se mantiene en defensa de la funcionaria: “pues de eso, Dios quiera que no sea cierto, pero si llegara a ser cierto, de todas maneras, para nada invalidaría el contrato de alta confianza que ella tiene. No habría detrimento alguno del patrimonio del Distrito”.  

Según la Contraloría, las actuaciones de verificación sobre este caso tendrían alcance fiscal, penal y disciplinario.