La Colombia Profunda: la realidad de los habitantes del suroriente del país

Arauca

El caudal del río Arauca que sirve de frontera natural entre Colombia y Venezuela es diariamente escenario del paso de cientos de migrantes de ambos lados de la frontera.

El punto limítrofe natural es el puente José Antonio Páez que por más de seis décadas ha servido para el paso de personas de manera legal al sellar su entrada y salida entre las dos naciones.

Un trasegar de hombres y mujeres de diferentes edades realizan un paso constante en búsqueda de provisiones, pero en especial de buscar una solución a las dificultades que viven en salud, educación y nuevas formas para poder sobrevivir.

Allí los principales protagonistas son los llamados ‘carretilleros’ donde la línea imaginaria en la mitad del puente que sirve también para diferenciar a colombianos y venezolanos.

“Mientras muchos venezolanos vienen a resolver para llevarles medicamentos, llegan otros que no vienen con buenas intenciones, dispuestos a robar a matar, extorsionar, a hacer muchas cosas que no están bien, pero la vida no les dio otra oportunidad”, aseguró David Alfonso, carretillero venezolano.

Lo más importante es el rebusque y sortear la presión que hace la Guardia Bolivariana venezolana que les exige un impuesto para poder trabajar.

Otro es el panorama debajo de puente. El río Arauca es el escenario para el paso constante de las lanchas que realizan viajes para trasladar sin importar nacionalidad a cientos de pasajeros.

Más arriba la situación es diferente. En un punto conocido como El Malecón los controles no existen. Por 2.000 pesos entran y salen personas con mercancías de un lado al otro.

El control lo realizan pequeñas organizaciones que al final del día pide parte de las ganancias a los lancheros para trabajar en esa parte del río.

El manejo está en manos de hombres del ELN que permanentemente verifican el manejo del transporte y realizan controles para evitar la presencia de la fuerza pública.

Es allí donde el trabajo sin descanso de la Defensoría del Pueblo ha permitido ayudar a los migrantes en su paso por ese punto limítrofe.

“Lo que nosotros sabemos es que del lado de Venezuela está Pablito, alias Bateman, dicen que están todos los del ELN de ese lado de la frontera.  No solamente el negocio de las lanchas lo tendrá el ELN, tendrán muchos más y ya es trabajo de la Fiscalía y la Policía Nacional combatir esos negocios ilícitos”, dijo Carlos Negret, defensor del Pueblo. 

Una realidad diaria que se ha incrementado por la difícil situación en el país vecino y la falta de controles para evitar problemas con los lancheros de la zona.

Cravo Norte

El territorio que durante décadas fue reconocido como futuro emporio petrolero, vive diariamente una dura problemática para comunicarse con Arauca, la capital del departamento.

De los 197 kilómetros que los separan solo 30 están pavimentados. El camino es solo barro y huecos donde las camionetas y busetas que realizan la ruta pueden durar seis horas en verano y hasta 13 en época de invierno.

En esa vía se han invertido 3.5000 millones de pesos que se han robado varias administraciones locales y departamentales.

Un camino tortuoso que es contrastado por la inmensidad de la llanura y la variedad de fauna y flora de la región. Marco natural donde se puede divisar diversidad de pájaros, babillas y el tradicional llanero que con pie en el estribo realiza sus tareas de ganadería.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, conoció de cerca lo que sortean los 4.000 habitantes del pequeño poblado.

“Tenemos toda la tierra, pero no tenemos cómo producirla y en algunos sectores en Colombia, los campesinos no tienen ni tierra y aquí teniendo la tierra no pueden producir. Primero porque no hay vía, lo que sí fue claro es que son tierras muy buenas y fértiles (…) el clamor de la gente es la vía”, dijo Negret.

Sus habitantes también viven otros problemas sociales. La construcción del hospital que tuvo un costo de 1.500 millones de pesos, no se terminó.

Otros vivieron la violencia y hoy temen que vuelvan a aparecer nuevamente los actores armados mientras que los funcionarios públicos que velan por sus derechos, han tenido que salir por las amenazas.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno para que haya mayor presencia en infraestructura, educación y salud. Además, alertó por la presencia de grupos al margen de la ley que pueden aumentar los casos de extorsión y reclutamiento de menores.

Javier Patiño/NoticiasRCN.com