Opiniónenero 25, 2022hace un año

El Estado soy yo: Corte Constitucional

La Corte Constitucional acaba de sepultar la posibilidad de la aspersión aérea. No existe voluntad política para erradicar el narcotráfico.

Por: José Fernando Torres

@josetorresf en Twitter

Colombia es dada a plasmar en las normas que la rigen frases grandilocuentes, largas y bonitas, llenas de buenos deseos e intenciones, pero que contienen toda clase de trabas para que verdaderamente se haga realidad la solución que pregonan. 

Un ejemplo es la revocatoria de alcaldes, como forma de participación democrática, que en la práctica se torna inviable por tantos requisitos y por la intromisión indebida de la tutela, que está desbordada y a la que hay que ponerle coto.

Otro ejemplo viene a colación a propósito de la reciente sentencia de la Corte Constitucional, conocida hace pocos días, que sepultó en la práctica cualquier posibilidad de aspersión aérea y de uso del glifosato para erradicar los cultivos ilícitos y combatir el narcotráfico. Fue la culminación de un proceso que lleva más de tres años que ha dejado en claro que no existe voluntad política para erradicar eficazmente los cultivos ilícitos y, en esa medida, para eliminar el narcotráfico, que es el obstáculo más importante para someter a los grupos al margen de la ley y para obtener la tan anhelada paz.

El Acuerdo de Paz expresa literalmente que para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de aquellas. Reconoce, además, que existe una criminalidad asociada al narcotráfico, que “el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”, que “las instituciones, tanto en el nivel nacional como en el local, han sido afectadas por la corrupción asociada al narcotráfico” y que “distintos sectores de la sociedad se han visto comprometidos de manera directa o indirecta con la producción y comercialización de drogas ilícitas”. 

Indica asimismo que debe haber esfuerzos ingentes para asegurar que Colombia sea un país sin cultivos de uso ilícito y sin narcotráfico y que será compromiso de todos los involucrados en la cadena de narcotráfico comparecer ante la JEP para aportar verdad sobre esos hechos para contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición.

Por otro lado, al tiempo que el acuerdo alude a la formalización del compromiso de las comunidades con la sustitución voluntaria y concertada, la no resiembra, no cultivar ni estar involucrado en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito ni participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de estos, señala que si no hay acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de dichos cultivos, priorizando la erradicación manual donde sea posible y, de no ser posible esta, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación.

Todo lo pactado se tradujo en que en el gobierno de Santos se incrementaran los cultivos de coca, con más de 200 mil hectáreas sembradas, récord mundial de la época y seguramente difícil de romper. Una herencia maldita, con su secuela de destrucción y de llevar la guerra a las ciudades alimentando los paros y las marchas vandálicas. 

Hace poco representantes de organizaciones de derechos humanos y ambientales, asociaciones campesinas, organizaciones indígenas y agrupaciones políticas, interpusieron acción de tutela en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Policía Nacional y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior con el fin de obtener la suspensión del procedimiento ambiental para la modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG). En palabras simples, para que no hubiere aspersión aérea si no se consultaba a las comunidades étnicas.

La Corte Constitucional, mediante sentencia T-413/21, proferida el 29 de noviembre de 2021, ordenó la suspensión a fin de que dentro del término de un año se haga una consulta previa con las comunidades étnicas afectadas, que tienen presencia en 104 municipios en 14 departamentos, para lo cual las entidades tuteladas debían iniciar en 15 días desde la notificación del fallo las gestiones necesarias para reprogramar reuniones informativas y la audiencia pública ambiental. 

Poco faltará para que la Corte sancione a quienes no cumplan sus órdenes. La figura de la tutela le abrió las puertas en forma desmedida para ejercer un poder omnímodo que la ha llevado a invadir órbitas de las otras ramas, poder frente al cual estas otras se limitan a conjugar, cada vez más frecuentemente y no pocas veces convenientemente, el verbo “acatar”, resignándose a ver cómo por ese camino desaparece el equilibrio de poderes y se merman sus competencias. 

Todo el mundo sabe que son numerosas las comunidades que viven del narcotráfico, de manera que preguntar a ellas si quieren que se haga la aspersión aérea o se erradiquen los cultivos ilícitos es como preguntarle al ratón si quiere que le quiten el queso. Vana ilusión la de pensar que la consulta será favorable a la erradicación de los cultivos ilícitos cuando esos municipios viven de eso, cuando aquellos son la fuente de sus ingresos y no se vislumbra la sustitución de los mismos.

La Corte, a la que se asigna la tarea de guardiana del bien común y del interés público, optó esta vez por privilegiar los intereses de unas comunidades étnicas que se dicen afectadas -sin que hubiese tal demostración-, y no por privilegiar los intereses de la sociedad entera, de toda Colombia, duramente golpeados por las implicaciones de diverso orden del negocio del narcotráfico, en los campos social, económico y político. 

No se puede ser permisivo con el negocio de las drogas ilícitas. Esa permisividad atenta contra la paz, fortalece a los grupos armados ilegales, infunde terror en los municipios, genera luchas de poder para quedarse con el negocio y produce masacres como la reciente en Arauca cuando se enfrentaron disidencias de las Farc con la guerrilla del ELN. 

La decisión de la Corte, quiérase o no, termina estimulando el sucio y multimillonario negocio de la coca. 

De nada vale que sean nuestros policías o militares o unos pocos voluntarios quienes deban hacer la erradicación manual y sufrir las graves consecuencias de la explosión de las minas antipersonales o quiebra patas, como las llaman, que no solo quiebran piernas, sino que matan y dejan lesiones de extrema gravedad.

De nada vale que el glifosato se use en una variedad importante de cultivos no solo en Colombia sino en muchísimos países, que sea un herbicida amplia y exitosamente utilizado como matamalezas en cultivos y pastos, que no contamine la papa, ni el tomate ni las naranjas ni afecte a las vacas y la leche que diariamente consumimos, ni que existan estudios serios que demuestran que bien puede usarse en la aspersión aérea. Ni que se admita y reconozca en el propio acuerdo que el narcotráfico ha permeado la sociedad colombiana, que alimenta la guerra y el terrorismo, que es fuente de violencia y muerte, que induce a la corrupción, compra conciencias y es el principal enemigo de la paz. 

Un gobierno firmó e impuso lo que una sociedad decente no aceptó y luego ese mismo gobierno impulsó la prohibición de uso del glifosato. Su sucesor se muestra timorato y sumiso frente al tema y una corte le da el puntillazo final. Por eso, parodiando al Rey Luis XIV en Francia, cuando afirmó que “El Estado soy yo” (“L’État c’est moi”), en Colombia eso mismo puede predicarse de la Corte Constitucional, la cual puede hacer suya esa frase y afirmar lo mismo.  

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