El presidente Duque hipoteca la soberanía con la Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) está facultada para ejercer su jurisdicción sobre los autores de los crímenes más graves de trascendencia internacional, la cual tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, es decir, que la ejerce solo si estas últimas jurisdicciones no actúan.

Para cerciorarse de que no hubiese impunidad, la CPI abrió en junio de 2004 una investigación preliminar al considerar que existía fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de actores estatales y no estatales.

El pasado 28 de octubre la Fiscalía de la CPI anunció la posibilidad de cerrar esa investigación, en tanto considera que la JEP, la justicia nacional y el sistema de Justicia y Paz están actuando eficientemente. 

No obstante, la CPI se reserva la facultad de reconsiderar su evaluación de la complementariedad si se adoptaren medidas que puedan obstruir el mandato o el funcionamiento de las jurisdicciones o suspender o revisar el esquema judicial establecido en el Acuerdo de Paz en forma tal que puedan retrasar o dificultar el desarrollo de los procesos, es decir, si se obstruye el funcionamiento de la JEP.

El anuncio lo hizo el Fiscal de la CPI dentro del marco de un acuerdo de cooperación suscrito por esa Fiscalía con el Gobierno de Colombia, mediante el cual este se comprometió a continuar apoyando a la JEP, la justicia ordinaria y el sistema de Justicia y Paz, apoyo que comprende, entre otros aspectos, salvaguardar el marco constitucional y legislativo establecido y su estructura, asignar recursos presupuestales suficientes, prevenir cualquier interferencia con sus funciones y promover la plena cooperación y coordinación entre la Fiscalía General de la Nación y la JEP.

El asunto amerita algunos comentarios, iniciando por la necesidad de distinguir entre la decisión de cerrar la investigación preliminar, de una parte y, de la otra, los compromisos que asume el Gobierno de Colombia frente a la CPI.

En cuanto a lo primero, la decisión de cerrar la investigación preliminar significa un voto de confianza en el sistema judicial y en particular en el sistema de Justicia y Paz –que ha producido numerosas condenas- y en la JEP –a pesar de que no ha producido ninguna-. 

Es decir, es un voto de confianza en que no habrá impunidad, o al menos un compás de espera, en un momento en el que, según el informe de Invamer de octubre de 2021, existe una opinión desfavorable sobre la JEP, del 50%; sobre la Fiscalía General de la Nación, del 71% y sobre el sistema judicial, del 83%. 

La JEP, además, ha sido objeto de críticas serias por la forma como fue integrada y por el sesgo ideológico que claramente se advierte en ella, muy notorio cuando adoptó la tan criticada y censurable decisión en el caso Santrich, que facilitó su posterior puesta en libertad.

No deja de sorprender que en 17 años la CPI no hubiese adoptado la decisión de enjuiciar a los autores de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra, tiempo que parece excesivo, al cabo de los cuales muchos de aquellos ya han muerto. 

Parecería que o bien los gobiernos han sido muy persuasivos en convencer a la CPI de que el sistema judicial nacional opera o bien la CPI no opera eficientemente, no es tan acuciosa en el examen de los casos que han sido objeto de denuncias o en el caso de Colombia no han tenido prioridad. 

Ha de recordarse que la Corte Penal Internacional ha producido muy pocas condenas a lo largo de su existencia.

En cuanto a lo segundo, el compromiso que asume el Gobierno Nacional significa un giro de 180 grados en la posición que durante la campaña presidencial asumió el entonces candidato Iván Duque, quien en aquella época calificó a la JEP de "pantomima" y de "traje de sastrería al servicio del terrorismo”, a la que en forma muy enérgica prometió derogar. 

En realidad, ese giro no es nuevo pues se dio al poco tiempo de la posesión presidencial, cuando quedó muy claro que no existía intención alguna de cumplir esa promesa de campaña, que se presentaba con tanta firmeza. 

En efecto, en su primer discurso ante las Naciones Unidas el presidente Duque expresó su decisión de hacer cumplir en un 100% el acuerdo de paz y, por otra parte, candidatizó para el cargo de Fiscal General de la Nación a un gran amigo suyo, quien desde el comienzo anunció su férrea decisión de oponerse a cualquier intento de reforma a la JEP y a los partidos políticos que pretendieren afectar su funcionamiento, anuncio siempre reiterado.

No cabe duda que el compromiso gubernamental frente a la CPI y las manifestaciones del Fiscal General de la Nación significan un portazo al Centro Democrático -partido que hizo posible la presidencia de Duque- y a sus precandidatos presidenciales pues todos ellos –unos con mayor énfasis que otros- han planteado modificar ciertos aspectos del acuerdo de paz, entre ellos la presencia en el Congreso de autores de delitos de lesa humanidad y la misma JEP, incluyendo la necesidad de crear en esta una sala especial de juzgamiento para los militares.

Lo que se infiere del acuerdo de cooperación es que el presidente Duque hipotecó la soberanía a cambio de que la CPI no investigue a los autores de crímenes de lesa humanidad y lo haga la JEP. No otra cosa puede deducirse del compromiso suyo de no tocar a la JEP, que de alguna manera pretende dejar amarrado a su sucesor.

El país no puede tener miedo a que intervenga la CPI y, por el contrario, es deseable que esta intervenga para asegurarse de que no haya impunidad. Las denuncias de la Corporación Rosa Blanca sobre los crímenes de lesa humanidad asociados a la violencia sexual –para citar un ejemplo- poco eco han tenido y resulta desconcertante constatar que ocupe curul en el Congreso alguien acusado de cometer tales crímenes.

Será menester que el país haga seguimiento estrecho a la JEP pues no es mucho lo que esta ha hecho para ganarse la confianza de los colombianos y, por el contrario, es bastante lo que ha hecho para ganarse la desconfianza. La JEP tendrá que demostrar, al igual que el Fiscal General de la Nación, que su mirada no está enfocada en sancionar a un solo lado de las partes y en concederle impunidad al otro, que es la percepción que hoy se tiene.